En el estudio se realiza una revisión de la experiencia internacional en esta materia que, tal y como sostiene M.ª Luisa Fernández, “es abrumadoramente favorable, no sólo por su progresiva extensión a numerosos países, sino también por los estudios realizados sobre la experiencia de la prescripción enfermera que evidencia que no ha presentado serios problemas en su implantación y que los estándares de calidad y de aceptación por los usuarios del sistema sanitario han sido positivos”. Asimismo, se señala que podría suponer un importante ahorro económico para los sistemas sanitarios.

En su extenso análisis esta enfermera de Atención Primaria afirma que “la prescripción enfermera está enmarcada dentro de las competencias de la enfermería, porque son intervenciones que la enfermería realiza, que influyen sobre la salud de los pacientes, y no sólo sobre la salud individual de estos, sino también sobre aspectos que a su vez hacen lo propio sobre el conjunto del sistema sanitario”.

Problemas en nuestro país

Al contrario de lo sucedido en los cerca de 20 países que la han regulado, el informe describe cómo en nuestro país ha levantado una gran polvareda, y se dan tres motivos para ello: “Primero porque fue aprobado por un Gobierno en funciones. En segundo lugar, porque el texto que salió en el BOE difería considerablemente con lo pactado previamente. Y en tercer lugar, porque introducía unos criterios para la prescripción enfermera que dificultaban extraordinariamente su desarrollo y el desempeño asistencial y que han planteado numerosos problemas para su aplicación en los centros sanitarios”. Lo que ha motivado numerosos recursos de comunidades autónomas y distintas entidades, entre ellas el Consejo General de Enfermería, tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional.

Con su entrada en vigor, los problemas se han generado en la práctica. Como explica Fernández “una lectura literal del texto llevaría a que la utilización de cualquier medicamento (sea de libre dispensación o de prescripción médica) sea indicada por un profesional médico dentro del contexto de un diagnóstico concreto y un plan terapéutico a monitorizar”. Lo que ha provocado problemas en temas habituales relativos a los cuidados de enfermería, como por ejemplo, las curas o las vacunas.

“Todo ello ha producido, aparte de un gran malestar de los profesionales de enfermería, algunos enfrentamientos entre los profesionales (especialmente en Atención Primaria que es donde la enfermería desarrolla sus funciones con mayor autonomía), y molestias y problemas para los ciudadanos que han visto postergada su atención o han multiplicado las citaciones de manera innecesaria”, sostiene el informe.

“En general, estas situaciones con cierto grado de dificultad aparentemente se han ido resolviendo con el tiempo pero permanecen latentes”. La razón principal ha sido la buena voluntad de los enfermeros y su “comprensión de la necesidad de una actuación colaborativa de los equipos sanitarios”, así como por las declaraciones e instrucciones de la mayoría de las CC.AA. “que han hecho que en la realidad cotidiana de la mayoría de los centros sanitarios al final se siga actuando de manera parecida, cuando no igual, que antes del RD”.

Una nueva regulación

Un Real Decreto que “ha producido distorsiones y enfrentamientos en el seno de los centros sanitarios y contradice la legislación anterior”. Por ello, el trabajo concluye con la recomendación de derogar el Real Decreto 954/2015, tal y como ha solicitado recientemente la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y numerosas Comunidades Autónomas.

Asimismo, el documento “propone la necesidad de una nueva normativa sobre prescripción enfermera que tenga en cuenta al menos las dos modalidades de la misma (colaborativa y autónoma) y que contemple posibles incrementos de los grados de autonomía”.

GEMA ROMERO