Fuentes de la Consejería de Sanidad canaria, han confirmado que los servicios jurídicos estudian las opciones para evitar la aplicación del decreto de prescripción enfermera, una ley que consideran “absurda e inaplicable” por obligar al colectivo a contar con la firma del médico para prescribir cualquier fármaco o producto sanitario relacionado con su ejercicio profesional. Las razones para comenzar a valorar “las posibilidades que existen de presentar su impugnación ante el Supremo” son que consideran que la norma es “inaplicable y absurda porque no solventa la situación para la que estaba pensado, que era regular y visibilizar ciertas funciones que los enfermeros ya realizaban al atender a los usuarios de la sanidad pública y privada”. Ricardo Redondas, director general de Salud Pública del Servicio Canario de Salud ha solicitado al Ministerio de Sanidad una “reunión urgente” con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud porque la norma “deja a la profesión en una situación muy problemática y de imposible cumplimiento porque requiere para todo la firma de un médico”.

No es la primera vez que esta consejería muestra su desacuerdo ante la norma que tiene en vilo a la profesión enfermera, ya lo hizo en noviembre cuando el Consejero de Sanidad de la comunidad insular, Jesús Moreira, declaraba en un encuentro con representantes del Consejo General de Enfermería en Canarias “estamos en contra del Real Decreto que plantea el Gobierno central y nos vamos a oponer a su aprobación con la máxima contundencia posible”.

También Navarra

Del mismo modo, Navarra presentó ayer un escrito al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en el que el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, solicita la convocatoria urgente del CISNS para abordar la situación creada ante la entrada en vigor el pasado diciembre del Real Decreto de Prescripción Enfermera.

En el escrito, el consejero Domínguez propone, además, una moratoria en la aplicación de dicha normativa mientras se alcanza el consenso necesario entre los distintos colectivos profesionales afectados, de manera que el texto legal “sea compatible con el pleno ejercicio de las competencias de los profesionales y garantizar así un sistema sanitario eficiente y de calidad y evitar la inseguridad jurídica de los profesionales”, según ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

De este modo, Canarias y Navarra se unen a las Comunidades Autónomas que han pedido formalmente al ministerio la convocatoria del CISNS, con objeto de poner fin a la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los enfermeros tras la publicación y consecuente entrada en vigor del citado Real Decreto. Redacción.