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La Defensora del Pueblo abre una actuación a raíz del informe sobre ébola presentado por el Consejo General de Enfermería

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha dirigido al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer los recursos existentes y los protocolos previstos tras el contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero en el hospital Carlos III de Madrid, según el último informe anual presentado este jueves en el Congreso.

El informe del organismo que encabeza Becerril recoge explícitamente que ha iniciado su actuación a raíz del informe presentado por el Consejo General de Enfermería el pasado mes de octubre, en el que se concluía que, durante la crisis del ébola vivida en nuestro país, se pudo vulnerar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, riesgos biológicos y bioseguridad. Además, el dossier señalaba que los profesionales encargados de tratar casos sospechosos o confirmados no contaron con los medios adecuados ni habían recibido, por parte de la administración sanitaria, la formación adecuada. El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, denunció también que se había podido vulnerar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, al no haberse contado con la participación expresa de los enfermeros en la redacción de los protocolos de actuación frente al virus, a pesar de ser los profesionales que iban a ponerlos en práctica.

Frente a estas demandas, la Defensora del Pueblo expone lo siguiente en su informe anual:

"Tras la repatriación en el verano de 2014 de dos ciudadanos españoles residentes en países africanos afectados por el virus Ébola, se produjo un caso de contagio por esta enfermedad de una de las profesionales que les atendió en el Hospital Carlos III de Madrid, dando lugar a una situación de alarma epidemiológica. La institución ha iniciado una actuación con motivo del dossier presentado por el Consejo General de Enfermería de España, en el que se detallaban varias deficiencias de seguridad para los trabajadores sanitarios y un inadecuado seguimiento de los protocolos por parte de las administraciones competentes. Varios aspectos relacionados con las reacciones de estas administraciones (central y autonómica) ante el caso de contagio han sido planteados por los afectados ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, que habrán de pronunciarse sobre la eventual existencia de responsabilidades. Las actuaciones de esta institución se han dirigido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid, para recabar información sobre los recursos de vigilancia epidemiológica existentes; los mecanismos de coordinación e información pública previstos para articular la respuesta a una alerta de estas características, de gran impacto social, y las previsiones de actualización de los protocolos de seguridad existentes (14021071 y relacionadas).”

La Defensora del Pueblo recibió más de 700 quejas sobre sanidad en 2014

La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2014 un total de 743 quejas sobre temas relacionados con la sanidad, menos de la mitad de las 1.800 recibidas el año pasado, según el último informe anual presentado este jueves en el Congreso. Asimismo, se abrieron 19 actuaciones de oficio y 7 solicitudes de recurso.

Algo más de la mitad de los expedientes tramitados (57%) están relacionados con quejas en Atención Primaria, atención especializada y la prestación farmacológica. Y otros tres ámbitos, la seguridad de los pacientes, la declaración del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos y los derechos de pacientes y usuarios, también presentan porcentajes significativos de actuaciones.

Asimismo, la mayor parte de las quejas se tramitan con las administraciones sanitarias autonómicas, entre las que destacan Madrid y Castilla-La Mancha, aunque tanto el Ministerio de Sanidad como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social también suponen un “número relevante” de tramitaciones.

Una de las actuaciones de oficio abiertas por la Defensora este año ha estado relacionada con la hepatitis C ante las “dificultades en el acceso” a los fármacos de última generación que se han ido aprobando en el último año, que consiguen la curación del virus en más del 90 por ciento de los casos.

En este caso, las quejas recibidas procedían de pacientes a los que se les había denegado el acceso a alguno de estos medicamentos por uso compasivo, vía administrativa que permite usar medicamentos experimentales antes de su aprobación oficial y fijación de un precio de financiación.

La actuación abierta por la Institución en julio, que todavía está en trámite, apuntaba la posibilidad de acometer una estrategia de ámbito estatal que “redujera la incidencia de las tramitaciones de autorización y los condicionantes presupuestarios”. Algo en lo que trabaja el departamento de Alfonso Alonso desde enero.

 

Ana Muñoz / Agencias

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