El consejero ha reiterado que la intención de la convocatoria era proporcionar mayor estabilidad en el empleo y ha reiterado sus disculpas por la frustración de las expectativas generadas entre los más de 22.000 candidatos a las plazas y ha asegurado que harán “todo los esfuerzos posibles para reactivar esta convocatoria y acelerar el trabajo para hacer posible una nueva convocatoria en los primeros meses del próximo año”.

Desde que se conoció la suspensión del examen previsto para el pasado día 22, la indignación ha calado entre los profesionales que aspiraban a una plaza y se habían volcado en preparar el examen. Desde la publicación de la sentencia, los colegios de enfermería de Castilla y León, no dejan de recibir llamadas preguntando qué hacer con las reservas hoteleras hechas desde el día en el que se lanzó la convocatoria y qué ocurre con el tiempo perdido preparando el complicado examen. También se han recibido muchas llamadas, tweets e e-mails de enfermeros que tras la crisis, tuvieron que emigrar al extranjero y con esta convocatoria encontraban la esperanza de poder volver a trabajar a España, ahora estos profesionales tuvieron que cancelar sus billetes de avión asumiendo el agravio económico y emocional que esto produce.

Sáez Aguado ha recordado que la Administración General del Estado ha utilizado como argumentos las limitaciones vinculadas a las tasas de reposición desde el año 2009 en los Presupuestos Generales del Estado, sin tener en cuenta las tasas de interinidad, y el plazo que marca el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de 2007 para ejecutar el desarrollo de las ofertas de empleo público.

Dicho esto, ha incidido en que la tasa de interinidad de la categoría de enfermero es en 2015 de un 19 por ciento, con 1.677 puestos ocupados por interinos, y precisamente la convocatoria, además de atender las demandas de los profesionales y las organizaciones que las representan, pretendía avanzar en la estabilidad del empleo, algo que se hizo frente a la alternativa de no convocar plaza alguna.

La decisión, ha explicado, se produjo en el momento “adecuado” desde el punto de vista del procedimiento administrativo, tras la aprobación de la Oferta Pública de Empleo en marzo de 2015 y las negociaciones de las bases en la Mesa Sectorial para su publicación en mayo.

Además, ha aclarado que la decisión “no se adopta ni contradiciendo conscientemente la Ley ni desconociéndola” porque como en los casos de Asturias o Andalucía se han producido pronunciamientos jurisdiccionales que habían avalado interpretaciones y conductas de otras administraciones iguales que la de la Junta.

Concentración de SATSE Castilla y León

Las explicaciones del consejero no han satisfecho al Sindicato de Enfermería SATSE en la región, que se concentrará hoy martes a las cinco de la tarde ante las Cortes de Castilla y León para mostrar su indignación al presidente de la Junta y al resto de partidos políticos por la suspensión cautelar de las oposiciones. Ante la celebración el pasado viernes de la Mesa Sectorial de Sanidad para abordar el problema creado con dicha suspensión, Satse ha manifestado que “no acepta la propuesta del consejero de Sanidad” de sacar una nueva convocatoria de oposiciones “con plazas distintas a las de la suspendida”, según ha informado esta organización sindical en un comunicado.

Satse ha indicado que “la única solución para desbloquear la situación” es que se retire la demanda de la Administración General del Estado contra la convocatoria suspendida. Además ha añadido que “no hay seguridad” de que el Gobierno central “no recurrirá una nueva convocatoria de oposición”, lo que sumaría “más problemas e incertidumbre” a los opositores afectados porque “no se habría resuelto aún la situación de la que está suspendida”.

Además, el sindicato ha anunciado que “no habrá acuerdo posible si no hay una solución inmediata” y ha subrayado que la respuesta dada hoy por la Consejería “no es la solución al conflicto”, aunque lo sea “para otras categorías” que tienen pendiente la publicación de sus convocatorias de oposiciones.

Avalados por precedentes

En su comparecencia en las Cortes de Valladolid, Saéz Aguado comparó la situación actual con lo acontecido en otras CC.AA. y señaló que hay administraciones que han realizado convocatorias similares como la del Servicio Canario de salud, que aún sigue viva y “nadie ha paralizado o suspendido”, pero además ha recordado sentencias de los tribunales superiores de Asturias o Andalucía e incluso de la Audiencia Nacional que avalarían su postura, razones que sustentaron su decisión.

En cualquier caso, ha recordado que se trata de una situación “no resuelta” y que la suspensión cautelar no prejuzga el resultado final del procedimiento, por lo que ha asegurado que no se renuncia a esta convocatoria y además cree que “corresponde hablar del futuro” porque tras la suspensión han “movido ficha” y han planteado varias iniciativas en la Mesa Sectorial para mejorar la estabilidad en el empleo y atender a las “expectativas frustradas provisionalmente de tantos opositores”.

Así, ha recordado que se acumularán las plazas ofertadas en las ofertas públicas de empleo de 2014 y 2015 que cumplen los requisitos señalados en el auto del TSJCyL, un total de 596, a las previstas en la OPE para 2016, unas 682 (a la espera de actualizar los datos a 31 de diciembre).

Además, ha recordado que en la Mesa Sectorial se ha aprobado un acuerdo para pedir que se eliminen las restricciones impuestas en los últimos años en las ofertas públicas de empleo y habilitar para la cobertura de plazas ya ocupadas por personal interino en las instituciones sanitarias.

El consejero, que ha aclarado que no se plantea dimitir, ha respondido a la oposición que por el momento, al no haberse resuelto el asunto en el Alto Tribunal castellanoleonés, no se contempla por el momento la devolución de las tasas o cuestión alguna relacionada con posibles demandas por daños y perjuicios que se pudieran plantear.

Sáez Aguado también ha señalado que en materia de recursos humanos “siempre hay riesgos” de que alguien recurra las convocatorias y ha asegurado que en los últimos diez años se han convocado 164 procesos selectivos, de los que sólo nueve han exigido o conducido a pronunciamientos en los tribunales para modificar las bases o algún aspecto de la convocatoria, lo que supone un 4,7 por ciento.

Asimismo, ha rechazado un carácter electoralista la convocatoria o supuestas “guerras internas” en el PP sino discrepancias que considera más de orden administrativo que de otro carácter y ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León pone por encima los intereses de la Comunidad incluso por encima de otros y ha puesto como ejemplo las críticas al modelo de financiación autonómico o que promoviera un recurso contra el copago sanitario.