Lunes, 14 Diciembre 2015 17:38

El rechazo al RD de prescripción enfermera cierra el debate electoral de la prensa sanitaria

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La sanidad, ausente de los grandes titulares nacionales en esta campaña electoral, ha tenido su propio debate de manos de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS). Moderados por el presidente de ANIS, Alipio Gutiérrez, representantes de los 5 partidos principales para las elecciones generales del próximo domingo han desgranado su programa electoral sanitario. Como colofón, la prescripción enfermera, cuya regulación aprobada por el Partido Popular ha sido rechazada por el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida-Unidad Popular.

Para el representante del Partido Popular, José Ignacio Echániz, con el Real Decreto de prescripción enfermera lo que ha hecho el Gobierno es dejar claro que “una cosa es la indicación y otra la prescripción”. Sin pronunciarse sobre los motivos por los que, un mes después de su aprobación en Consejo de Ministros todavía no se ha publicado, Echániz ha afirmado que su aplicación definitiva “dependerá del acuerdo entre médicos y enfermeros que deben desarrollar los protocolos para la indicación enfermera”.

José Martínez Olmos, del Partido Socialista, sí afirmaba tajante que si el Partido Popular no ha publicado todavía el Real Decreto –algo que calificó de lamentable- es porque “quiere evitar el desgaste electoral” que supondría el que la sanidad se paralice con la enfermería cumpliendo a rajatabla lo que establece la normativa. Además, afirmó que si el partido socialista gobierna “si el Real Decreto se publica lo vamos a derogar y vamos a volver al consenso, a lo aprobado con el acuerdo de todos los grupos políticos en el Parlamento”.

Algo en lo que han coincidido los representantes de Ciudadanos, Franciso Igea, Podemos, Ana Castaño e Izquierda Unidad-Unidad Popular, José Andrés Llamas. De hecho, para el representante de Izquierda Unida “el Real Decreto es un sinsentido, cuya aplicación invalida lo que se está haciendo en el día a día”, por ello “es una de las primeras medidas que adoptaremos, cambiar el Real Decreto, si Unidad Popular tras el 20-D tiene capacidad de decisión”.

En Podemos, como explicaba Ana Castaño, están firmemente convencidos de lo negativo que es el Real Decreto para toda la sanidad, pues “la prescripción es algo que la enfermería lleva haciendo desde hace muchos años, es parte de nuestro sistema sanitario”, por lo que si llega a entrar en vigor sin duda deberá modificarse. Algo que para Francisco Igea, de Ciudadanos, deberá realizarse con el consiguiente acuerdo de todos los implicados, sin bien “la enfermería tiene que tener cobertura legal para prescribir”.

Derogar la reforma sanitaria

PSOE, Podemos y Unidad Popular lo primero que harán si llegan al Gobierno es derogar la reforma sanitaria del Partido Popular y su Real Decreto 16/2012 para, en palabras del portavoz socialista, José Martínez Olmos, “recuperar la universalización de la sanidad, quitar el copago a los pensionistas y que sólo haya una cartera de servicios, no tres como hasta ahora”. Algo en lo que han coincidido tanto Podemos como Unidad Popular.

Por su parte, Ciudadanos una de las primeras medidas que adoptará será incrementar los recursos sanitarios, económicos y humanos, para acabar con la “desmotivación de los profesionales”, quienes – a su juicio- son los que más han sufrido la “sangría presupuestaria” de los últimos años.

Precisamente contar con un nuevo sistema de financiación de la sanidad es la prioridad marcada por el Partido Popular en su programa electoral, que pretende buscar, mediante el consenso un nuevo sistema de financiación que acabe con la falta de equidad entre comunidades autónomas”.

Y es que la financiación para la sostenibilidad de la sanidad ha sido, una vez más, la estrella de este debate sanitario en el que se ha hablado más de dónde sacar los fondos necesarios para hacerla sostenible, que en qué tipo de sanidad queremos y lo que financiaremos con esos fondos.

Tópico tras tópico todos los partidos defienden una sanidad pública, de calidad y sostenible económicamente, aunque las formas de llevarla a la práctica difieren. Así para el Partido Popular pasa por incrementar el empleo, lo que generará riqueza y más fondos para la sanidad. El Partido Socialista propugna incrementar en un punto del PIB lo destinado a sanidad y aumentar la protección jurídica del sistema sanitario, incluyéndolo como un derecho fundamental en la Constitución. Para Ciudadanos se debe recalcular el cupo autonómico y abrir nuevos canales de financiación, mientras que Podemos pretende que el gasto sanitario se defina per cápita y no en relación con el PIB. Unidad Popular, por su parte, habla de una financiación justa con impuestos verdaderamente progresivos en los que paguen más los que más tienen.

Colaboración público-privada

El único punto que ha analizado someramente nuestro modelo asistencial ha sido en lo referente a la colaboración público-privada en la sanidad. Así, Mientras Echániz ha defendido que “existe desde que el mundo es mundo y funciona bien”, el PSOE y Ciudadanos están a favor de permitirla como alternativa al SNS “siempre que estén en manos de organizaciones sin ánimo de lucro.

Podemos aboga por una gestión “pública y participativa” en la que no se externalicen ni siquiera los servicios no sanitarios e IU advierte de que “está demostrado que la privatización de la sanidad es más cara” e incluso aumenta la mortalidad, por lo que propone prohibirlo por ley.

Las listas de espera, la ley de dependencia, la importancia de la sanidad dentro de los partidos políticos o las aportaciones de España al fondo de Naciones Unidas para la lucha contra el Sida y la tuberculosis son otros de los temas que han aflorado en el debate a preguntas de un panel de periodistas sanitarios de medios generalistas y especializados en el que los profesionales sanitarios han tenido escasa presencia. Tan sólo se les ha mencionado a preguntas por lo política de recursos humanos que puede desarrollar el Ministerio de Sanidad.

Así, para el Partido Popular es necesario definir un plan estratégico en esta materia que incluya la limitación de los “numerus clausus”, con plantes generales y leyes básicas que “mejoren la capacidad de los profesionales, con retribuciones ligadas al desempeño”. Para el Partido Socialista “el Gobierno tiene la obligación de acotar el grado de eventualidad”, pues tal y como recordaba “la planificación de los recursos humanos es competencia del Ministerio”, y contar con un registro de profesionales no es suficiente.

Para Ciudadanos en los últimos años “se ha desmotivado a los profesionales. Los datos demuestran que ha subido el contrato a tiempo parcial y ha bajado el salario”. Algo en lo que coincidía la representante de Podemos para quien “hay que dignificar el empleo y los contratos”, pues como recordaba Unidad Popular “las tasas de temporalidad que existen en sanidad son un fraude de ley, con gente encadenando contratos desde hace años, o con contratos mercantiles”, aunque, a su juicio, “la mayor diferencia que existe en las comunidades autónomas es la privatización del sistema, donde los sueldos son más bajos”.

Gema Romero

Contenido revisado en Junio de 2021
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