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Extremadura y Cantabria inician el procedimiento para recurrir ante el Supremo el decreto de prescripción

Han sido las dos primeras Comunidades Autónomas que han anunciado medidas contundentes y concretas, aunque los mensajes que llegan de unos y otros territorios sobre la entrada en vigor del Real Decreto de prescripción enfermera hacen presagiar que la lista crecerá muy pronto. Los gobiernos de Cantabria y Extremadura han anunciado ya que llevarán a sus respectivos Consejos de Gobierno su deseo de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo frente a la norma que regula la dispensación de medicamentos por parte de los profesionales de enfermería, solicitando su suspensión cautelar.

En el caso de Cantabria, ha sido la propia consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien se lo ha transmitido por carta a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, y a la secretaria autonómica de SATSE Cantabria, María José Ruiz. En su misiva, la consejera justifica la decisión del Ejecutivo por la necesidad de garantizar la continuidad asistencial en la práctica enfermera y añade que dicho recurso se desarrollará sin perjuicio de otras posibles impugnaciones que pudieran proceder conforme a Derecho. Mientras que no se elaboren y validen los documentos que desarrollen la norma, ha explicado Real, los protocolos y guías que seguirán en vigor serán los actualmente vigentes.

Por su parte, el consejero de Salud y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, también ha expuesto sus razones para plantear el recurso a la norma, siendo la principal que plantea “problemas muy importantes de funcionamiento” en la organización del Servicio Extremeño de Salud (SES) y supone un “auténtico atropello” a la profesión enfermera, al “limitar el derecho que legalmente tienen de actuación en cierta medida autónoma los profesionales de enfermería de todos los servicios regionales de salud”. Además, ha añadido que la Administración extremeña no tiene “todos los mecanismos para que pueda llevarse a cabo la aplicación inmediata” de dicha medida “en los términos en los que dice”.

Ambos consejeros, Real y Vergeles, han coincidido en señalar que otra consecuencia negativa del decreto es que enfrenta a médicos y enfermeros, dos colectivos que tradicionalmente han dado lo mejor de sí en un ambiente de colaboración y trabajo en equipo.

 

Ana Muñoz

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