Para Alonso, la regulación nacional no se opone en nada al decreto andaluz, en vigor desde el 2009, “por tanto, seguiremos aplicándolo”. A este respecto ha destacado que "las enfermeras en Andalucía han emitido 3 millones de órdenes de dispensación de medicamentos durante el pasado año y no ha habido ningún problema".
A pesar de todo, los servicios jurídicos de la Junta están evaluando el Real Decreto aprobado por el Gobierno del Partido Popular y publicado en el BOE el pasado 23 de diciembre. Tendrán el informe en 15 días y en ese momento tomarán decisiones siempre que contravengan el decreto de prescripción andaluz. En todo caso, los enfermeros andaluces están respaldados por los seguros de responsabilidad civil de la propia Junta, de modo que no tendrán ningún problema ante posibles denuncias que pudieran recibir en su ejercicio profesional.
Lo que desde la Junta de Andalucía ya han solicitado, tal y como ha confirmado el consejero de Salud, es la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial para analizar el problema generado por el Real Decreto, tal y como han hecho hasta siete comunidades autónomas. Aunque Aquilino Alonso ha descartado que llegue a convocarse mientras no haya nuevo Ejecutivo, pues “el Gobierno en funciones no tiene capacidad de legislar”.
Para Francisco Javier Carrasco, presidente de la Federación de Asociación de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), “sería muy interesante que todas las comunidades autónomas solicitasen la suspensión cautelar de este real decreto”.
Derecho fundamental en la Constitución
Durante su intervención, el consejero de la Junta de Andalucía también ha propuesto que la salud sea considerada un derecho fundamental en la Constitución con el fin de que los ciudadanos puedan defender sus derechos sanitarios. Como ha recordado “actualmente se considera un derecho, pero no fundamental”.
"Nosotros lo defendemos y hemos propuesto que la sanidad sea incluida como un derecho fundamental para que pudiera defenderse de forma directa. Ahora está recogido en la Constitución como un derecho, pero no como fundamental por lo que los ciudadanos no pueden ir directamente a un tribunal a defender su derecho a la salud", ha argumentado.