De este modo, estima "parcialmente" el recurso que había presentado el Gobierno central contra la tasa ideada por la Generalitat de Cataluña en diciembre de 2012, y que supuso la anulación inmediata del gravamen hasta que se decidía el fondo del asunto. El Gobierno aseguró que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, según lo establece la Constitución en el artículo 149, aunque este recurso llegó después de que la Comunidad de Madrid anunciara su intención de fijar una tasa similar y cuando llevaba meses aplicándose en Cataluña.

En su sentencia, los magistrados aluden a que el Sistema Nacional de Salud es único y que su financiación corre a cuenta del Fondo de garantía de Servicios Públicos, un fondo cuya finalidad, recuerda el TC, es “asegurar que cada comunidad recibe los mismos recursos por habitante ajustado para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar”. No cabe, por tanto, el cobro de la tasa de un euro por receta.

En rueda de prensa, el portavoz del gobierno catalán, Frances Homs, ha defendido que la puesta en marcha de la tasa estaba encaminada a reducir el déficit público. Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que la resolución del Constitucional “es una prueba de que las políticas del Gobierno van dirigidas a que todos los ciudadanos tengan las mismas condiciones en las presentaciones sanitarias”.

Redacción