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Los profesionales sanitarios de la pública serán autoridad en caso de agresiones

Miembros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Miembros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Su testimonio tendrá presunción de veracidad

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha alcanzado un acuerdo con los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas para promover el reconocimiento de los profesionales que trabajan en centros adscritos o propios del Sistema Nacional de Salud como “autoridad pública en el ejercicio de sus funciones”. Éste ha sido uno de los acuerdos alcanzados en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que ha presidido la Ministra en Toledo esta semana.

En el Pleno, además, se ha conocido el Informe sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud, que el Ministerio y las CC AA acordaron elaborar en el Consejo Interterritorial de diciembre de 2012. Entre otros datos, revela que en el período estudiado (entre 2008 y 2012), más de 30.000 profesionales sufrieron agresiones en España. Las agresiones se produjeron tanto en centros de Atención Primaria, con un 51% de los casos, como en hospitales, y el 72% de las víctimas fueron mujeres.

En el 80% de los casos, se trató de agresiones verbales, como insultos, vejaciones e intentos de coacción, y en uno de cada cinco casos, se produjo agresión física. Además, en el 4% de las agresiones se produjeron también importantes daños patrimoniales. Aunque todo el personal de centros sanitarios ha sufrido este fenómeno, por profesiones, son los médicos, seguidos de los enfermeros, los más agredidos.

Ante esta situación, la ministra y los consejeros han dado el visto bueno a un documento para promover el reconocimiento de la condición de autoridad pública al personal que preste servicio en instituciones adscritas o dependientes de los servicios del Sistema Nacional de Salud. Para ello, Sanidad va a colaborar con el Ministerio de Justicia con el objetivo de que, en caso de conflicto, el testimonio de los profesionales del SNS tenga “presunción de veracidad”.

Una regulación a medias

Para el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, Jurado, “todo paso que se dé para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones siempre será bienvenido. Desde la Organización Colegial de Enfermería venimos reclamando desde hace mucho años que hay que paliar esta terrible lacra”. No en vano, recordaba que, según el último Estudio sobre agresiones a la profesión enfermera, se trata de los profesionales que en mayor número y gravedad sufren este tipo de violencia por parte de los pacientes o sus familiares. De hecho, según este análisis que anualmente realiza el Consejo General de Enfermería, el 33% de los enfermeros españoles ha sufrido una agresión física o verbal en los últimos doce meses.

Para el presidente de los enfermeros españoles, ante esta situación, “lo que no puede hacerse es poner parches. Realmente lo que necesitamos es que se impulse una normativa, a nivel nacional, para proteger a los profesionales en su ámbito laboral, sea el que sea, pues con lo que se ha acordado en el Interterritorial volvemos a dejar indefensos a todos los profesionales que trabajan en la sanidad privada”. Como recuerda González Jurado estamos hablando de casi el 20% de la profesión, “¿o es que un enfermero por trabajar en el sector privado debe tener menos derechos y estar más desprotegido frente a la violencia de sus pacientes que sus compañeros de la sanidad pública? ¿Es menos enfermero por no estar contratado por la administración?, se pregunta el presidente de los enfermeros españoles. Desde la Organización Colegial de Enfermería se seguirá trabajando para que esa normativa estatal sea una realidad. 

 

Gema Romero

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