Como señala Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, “la homologación de títulos es una competencia nacional y así debe seguir siendo. Transferirlo a una comunidad autónoma, o a varias, va en contra del principio de equidad que rige nuestro Sistema Sanitario, pues esta homologación debe basarse en criterios homogéneos, y eso exige que las competencias sigan siguiendo del Gobierno central. En caso contrario, se desvirtuaría el sistema. No podemos crear reinos de taifas en los que cada comunidad pueda establecer sus propios criterios de homologación, máxime cuando esta homologación habilita para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional y por extensión en la Unión Europea”.
Retrasos
Aun así, desde el CGE son conscientes de los retrasos que ha venido arrastrando el sistema de homologación. Sin embargo, para Pérez Raya, “el retraso en la tramitación de expedientes, condicionado por la falta de fondos y de personal, no puede justificar el ceder esta competencia a las comunidades autónomas”.
Así, ha recordado que el propio Consejo ha tenido que incrementar su personal para dar respuesta a la ingente cantidad de solicitudes que trasladan desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para el título de Grado en Enfermería, y del Ministerio de Sanidad, para la homologación de títulos de enfermero especialista. Sólo en 2023, el CGE ha tramitado más de 1.000 expedientes. “Los consejos generales estamos incluidos en todo el proceso, pues nuestro informe sobre cada homologación es preceptivo, aunque no vinculante. Esta transferencia implica, en la práctica, la ruptura del actual sistema establecido”.
A ello se suma que esto supone un precedente muy peligroso, al utilizar esta materia como moneda de cambio en el seno de acuerdos políticos. “Una materia tan sensible como garantizar que los ciudadanos reciben los cuidados que se merecen por parte de los profesionales que les atienden no debe ser objeto de mercadeo político”.
A este respecto, los servicios jurídicos del CGE están analizado las posibles acciones legales para impugnar esta decisión.
