Ante la grave situación por la que está atravesando una enfermera del Hospital Infanta Leonor de Madrid, que permanece ingresada en la UCI del Hospital Carlos III-La Paz, tras verse contagiada de fiebre hemorrágica vírica Crimea-Congo mientras que ejercía su profesión, el Consejo General de Enfermería ha mostrado todo su apoyo a “esta compañera y sus familiares directos durante este trágico trance que está viviendo”.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado que la enfermera ingresada por fiebre hemorrágica en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital La Paz-Carlos III, así como el paciente fallecido hace una semana, sufre fiebre hemorrágica por el virus de Crimea-Congo. Así lo certifican los resultados de las analíticas de los dos pacientes en estudio, que se convierten así en los primeros de Europa Occidental con carácter autóctono, no importado de otro ámbito geográfico.

El Tribunal Superior de Justicia de la Rioja ha confirmado con fecha a 11 de julio de 2016 lo que ya hizo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de La Rioja el 29 de febrero de este año: la administración de contrastes es una competencia de los enfermeros. Esta resolución condena al Servicio Riojano de Salud (SERIS) a adopte las medidas necesarias para evitar que se invadan las competencias de enfermería por parte de los técnicos de radiodiagnóstico, y, en concreto, a adoptar las medidas necesarias para que la administración de los contrastes, en el desarrollo de los procedimientos de la obtención de imágenes, sean realizadas por los enfermeros. “Termina una lucha histórica. Durante años había sido imposible ganarla por falta de pruebas o testimonios, pero por fin se ha hecho justicia. La Administración riojana apoyó durante años este intrusismo, diciendo que era una práctica legal. El `antienfermerismo’ de nuestra administración no es nuevo” explican desde el Colegio de Enfermería de la Rioja.

Tal día como hoy, hace ya diez años, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios –conocida como ley del medicamento–. Una nueva legislación, gestada durante más de dos años de debate y que derogaba la vigente desde 1990. Su objetivo era dar respuesta a unas necesidades que se habían quedado obsoletas 16 años después e incorporar algunas directivas europeas.