Madrid, 31 de agosto de 2026.- Las bebidas energéticas, por sus altas dosis de cafeína y otros estimulantes, tienen un impacto negativo directo en nuestra salud. Por ello, desde el Consejo General de Enfermería (CGE) se pide la prohibición de su consumo en menores de edad. Además, se insta a la prohibición de venta, así como a mejorar las campañas de información para que la población entienda el riesgo que entrañan para la salud.

En este momento, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se está desarrollando una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores. Una medida que ya se ha empezado a aplicar en algunos territorios españoles como Galicia y, desde hace unas semanas, Baleares. Todavía falta una política efectiva, unificada y adaptada a la situación actual aplicada a todo el territorio español.

“Desde la profesión enfermera valoramos positivamente esta medida del Gobierno, aunque debemos ser rigurosos: existe evidencia sobre los riesgos de estas bebidas, pero todavía hay poca evidencia directa de que prohibir su venta consiga reducir por sí solo su consumo o mejorar la salud de los adolescentes a largo plazo”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

El representante de las más de 358.000 enfermeras españolas destaca la importancia de lanzar campañas de concienciación masivas y seguir investigando sobre los riesgos de este tipo de productos para poder llegar a establecer políticas de salud pública que protejan a la población de manera óptima.

Proteger a los menores de edad

Héctor Nafría, enfermero responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) del CGE, recuerda por su parte que estas medidas no deben nacer desde la idea de “alarmar o criminalizar a los jóvenes”, sino que debe imperar la idea de “protegerlos frente a productos con grandes cantidades de cafeína que, además, se comercializan mediante formatos, sabores y campañas especialmente atractivos para ellos”.

“La evidencia indica que estas bebidas pueden alterar el sueño, aumentar el nerviosismo y la ansiedad y producir efectos cardiovasculares, como elevación de la presión arterial o palpitaciones. Una lata de medio litro puede contener unos 160 miligramos de cafeína, una cantidad que, para un adolescente de 50 kilos, supera ligeramente el nivel diario de referencia establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria”, desarrolla el enfermero.

El problema del consumo de estas medidas no es algo minoritario. Según ESTUDES 2025, el 38,4% de los estudiantes españoles de 14 a 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes y el 15,2% las había mezclado con alcohol.

Más estudios e investigación

“Por tanto, consideramos razonable restringir su venta a menores aplicando un principio de prevención. Pero no debemos presentar la prohibición como una solución cuya eficacia ya esté demostrada. Para saber si funciona será necesario evaluar si disminuyen realmente el acceso, el consumo y los problemas de salud, y comprobar que no aparecen vías alternativas de compra”, concluye el enfermero.

Marilourdes de Torres, coordinadora del comité científico de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética (AdENyD), pone el foco sobre la importancia de cambiarle el nombre a estas bebidas para dejar de “confundirlas” con las denominadas “bebidas refrescantes”. “En realidad son bebidas estimulantes, por su elevada concentración de cafeína, azúcares, taurina y otros ingredientes. Deberían empezar a denominarse así para entender su impacto en la salud”, asegura.

Desde la asociación defienden la importancia de ajustar la normativa a parámetros concretos de los ingredientes de las bebidas. La propuesta hecha desde Consumo es prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años, y que esta prohibición se ampliará a los menores de 18 en el caso de las bebidas que tienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Prohibición por miligramos

De Torres propone que la medida sea la prohibición a menores de 18 años en el momento que las bebidas acumulen 15 miligramos por cada 100 mililitros. Y, además, que los envases de venta de estas bebidas no superen nunca los 250 mililitros. “Si está controlada la cantidad, pero es una bebida de medio litro, no tiene mucho sentido”, indica.

Añade la necesidad de prohibir su venta en máquinas de vending, que en los comercios se coloquen junto a las bebidas alcohólicas y no junto a las denominadas “refrescantes”, así como que en los envases haya advertencias visibles de que su consumo no está recomendado para menores de edad y embarazadas. “Estas bebidas no tienen propiedades saludables, y este es el mensaje que tiene que calar”, concluye.

El acoso escolar es un problema de salud y bienestar infantil. Tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente el 25% de los niños y adolescentes del mundo están expuestos al bullying. El acoso no debe entenderse únicamente como un problema de convivencia. La evidencia científica asegura que es un problema de salud físico y mental que raramente empieza con una confesión directa en el aula o con lesiones visibles, sino que comienza manifestándose como somatizaciones. Con frecuencia, los menores que lo sufren experimentan ansiedad, depresión, baja autoestima, estrés… pero también pueden manifestar cefaleas, dolores abdominales, fatiga o cambios en la alimentación, entre otras. La Unesco también advierte de que quienes lo sufren presentan mayor riesgo de soledad intensa, insomnio y pensamientos suicidas, por lo que la detección precoz se convierte en algo fundamental.

En este contexto, el Ministerio de Educación ha publicado la “Guía para el diseño de protocolos de acoso escolar y ciberacoso”, un documento que, aunque aborde correctamente una resolución restaurativa desde una perspectiva interseccional y una intervención pedagógica, no integra la visión clínico-sanitaria, dejando de lado la incorporación de las enfermeras escolares y, por lo tanto, olvidando el valor esencial de este colectivo en la detección precoz, la valoración de la salud física y mental, la prevención y el seguimiento de los menores en estos casos.

“El acoso escolar no es solo un problema de convivencia, es un problema de salud que hay que abordar con la detección temprana, una tarea para la cual las enfermeras escolares están plenamente capacitadas. Cualquier estrategia que incluya la detección precoz, la protección y el acompañamiento del alumnado debe sostener una mirada sanitaria. Aquí las enfermeras escolares tienen mucho que aportar, pues son las profesionales capacitadas para detectar signos que probablemente nunca lleguen a verbalizarse como acoso, pero que pueden tener consecuencias muy graves para los menores. Desde nuestro Observatorio Nacional de Enfermería Escolar seguimos trabajando con el objetivo de lograr el reconocimiento de nuestras profesionales y su implantación en el ámbito escolar a nivel nacional”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE).

Por su parte, Engracia Soler, presidenta de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (Aceese), asegura que “la nueva guía supone un avance para establecer una hoja de ruta común y pone el foco en la detección temprana, la protección, la intervención y el seguimiento. Precisamente por eso creemos que es el momento de dar un paso más e incorporar formalmente la dimensión sanitaria, y en ello la enfermera escolar juega un papel fundamental. Si el objetivo es detectar antes y acompañar siempre la salud del menor, la enfermera tiene que formar parte de todo el proceso, desde la prevención hasta el seguimiento y la reparación del daño”.

Más allá de un problema de convivencia

El acoso causa un impacto grave en la salud mental y física de los menores, por ello “dejar fuera a la enfermería en el diseño de un protocolo perpetúa una visión puramente punitiva o académica del problema, dificultando la coordinación ágil entre el centro educativo y la Atención Primaria o Salud Mental”, explica Itziar Ferragud, presidenta de Amece, la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar.

El propio protocolo que establece Educación no termina con la identificación del acoso, sino que incluye detección y comunicación, recogida de información, plan de intervención y seguimiento y evaluación, entre otras dentro de su estructura, lo cual demuestra que el problema no termina cuando se confirma el acoso. “Aquí la enfermera tiene una aportación específica porque es quien evalúa qué consecuencias ha tenido esa violencia sobre la salud del menor y quien realiza el seguimiento de las mismas”, sigue Engracia Soler.

La violencia durante la infancia puede afectar en múltiples dimensiones. “Puede provocar ansiedad, depresión o baja autoestima, puede manifestarse mediante cefaleas o dolores abdominales, puede afectar al rendimiento académico o las relaciones sociales y en las situaciones más graves puede aumentar el riesgo de autolesiones y conductas suicidas”, afirma la presidenta de Aceese. Esto demuestra que no es solo un problema de convivencia y que las consecuencias pueden ser fatales si no se aborda de forma precoz. “Muchas veces el alumnado no cuenta directamente lo que le está pasando, pero acude a la Enfermería por dolores frecuentes, malestar o cambios emocionales. Esto nos permite detectar señales, valorar su estado, ofrecerle un espacio seguro y coordinar la atención con la familia, el equipo educativo y los servicios sanitarios. Además, nuestra labor no termina al detectar el caso, sino que continúa con el acompañamiento y el seguimiento”, apunta la presidenta de Amece, Itziar Ferragud.

Protocolos de enfermería escolar

Desde las diferentes asociaciones apuntan al desconocimiento de las competencias de las enfermeras escolares como principal motivo de la omisión de su participación en la elaboración de esta guía. “La exclusión de las enfermeras escolares representa una oportunidad perdida para abordar el problema desde una perspectiva verdaderamente interdisciplinar y de salud pública. No podemos olvidar la distribución irregular y aún escasa de nuestra figura en el territorio nacional. Además, en la guía el término salud solo aparece en la fase de intervención y restauración, por lo que vemos que permanece la idea de que las profesionales sanitarias solamente asistimos y somos necesarias para atender en cualquier ámbito, sin tener en cuenta el rol educativo o gestor que poseemos”, prosigue la presidenta de Amece.

Por ello, desde la Organización Colegial de Enfermería solicitan al Ministerio de Educación que revise y complete la guía para incorporar expresamente la participación de las enfermeras escolares y de las enfermeras referentes escolares en los protocolos de prevención, detección, intervención y seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso. “Esta incorporación permitiría garantizar que la respuesta ante estas situaciones contemple de forma efectiva la valoración y el seguimiento de la salud física y emocional del alumnado, así como la necesaria coordinación entre los centros educativos, las familias y el sistema sanitario”, asegura Pérez Raya.

Así, las enfermeras escolares y las enfermeras referentes escolares, vinculadas a la Atención Primaria, piden su incorporación para lograr una intervención real y efectiva. “Consideramos fundamental visibilizar y reconocer nuestro papel e incorporar nuestras competencias en los protocolos de convivencia y protección. No se trata de sustituir a otros profesionales, sino de sumar competencias y ofrecer una respuesta verdaderamente interdisciplinar”, asegura la presidenta de Aceese, Engracia Soler. Una idea a la que se suman desde el equipo directivo de Amece. “Es necesario establecer una coordinación real entre el equipo educativo, el coordinador de bienestar, orientación, enfermería escolar, las familias y los servicios sanitarios y sociales externos, si fueran precisos. No queremos sustituir a ningún profesional, sino aportar una mirada sanitaria y trabajar conjuntamente para ofrecer una respuesta más rápida, completa y segura”, concluyen.

Desde hace 20 días Ceuta se encuentra sumida en una crisis migratoria sin precedentes. El pasado 30 de julio cerca de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos consiguieron traspasar la frontera por mar y llegaron a una ciudad que cuenta con casi 84.000 habitantes censados provocando una saturación de recursos públicos masiva y una extrema presión asistencial. Una verdadera vulneración de la integridad territorial que obligó a todo el sistema sanitario a trabajar a destajo y que ya está dejando consecuencias irreversibles en los profesionales.

En este contexto, el Colegio de Enfermería de Ceuta ha analizado el último balance sanitario de la ciudad que arroja cifras de una actividad asistencial extrema. El colectivo hace frente a 200 asistencias diarias con picos de más de 1.600 intervenciones, asumiendo una carga asistencial de entre 14 y 16 pacientes por enfermera, y turnos de trabajo que exceden hasta en cuatro horas la jornada prevista. Una carga de trabajo que deja a las enfermeras ceutíes exhaustas, sin recursos y al límite. Y quienes urgen la declaración del estado de alarma ante un colapso sanitario sin precedentes.

“Las enfermeras nos encontramos exhaustas tanto física como psicológicamente, enfrentando un desgaste emocional profundo al ser el principal apoyo de personas que se encuentran en condiciones que no corresponden a las de un país desarrollado. Hemos sufrido una vulneración de la integridad territorial y ante la gravedad de los hechos proponemos que se declare el estado de alarma en todo el territorio. Denunciamos así que no existen medios suficientes para abordar la crisis actual”, denuncia Rosa Fuentes, presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta.

Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) muestra su total apoyo a las compañeras ceutíes y exige al Gobierno una intervención y refuerzos urgentes. “Pedimos que se establezca un mando único en Ceuta que lidere estas operaciones y que se destinen los medios y las previsiones que esta emergencia territorial requiere. No es momento de desviar responsabilidades ni de enmascarar cifras. Las enfermeras se encuentran en una situación de vulnerabilidad, fatiga extrema y estrés prolongado por esta situación, que sumado a la pésima gestión de los contratos estivales está llevando a la profesión a la quiebra asistencial en Ceuta. Las enfermeras se merecen trabajar con dignidad y seguridad”, afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Riesgo de brotes

A la saturación de los recursos públicos le sigue una profunda preocupación por el estado de salud de la población atendida, que deja ya brotes de enfermedades ligadas al hacinamiento y la falta de higiene. Destacan aproximadamente 200 casos de gastroenteritis aguda, 20 casos de sarna, además de un brote de 30 casos detectados entre militares, 21 casos de impétigo y 4 de tuberculosis, sin contar con los casos producidos en los asentamientos de playas como El Trampolín o las naves del Tarajal, donde el seguimiento es mucho más complejo.

Falta de previsión

Otra de las denuncias de las enfermeras ceutíes es la falta de disponibilidad de recursos y el impacto que ello está provocando en los propios profesionales. “La ausencia de medios ha obligado a las enfermeras, en los primeros días en que las asistencias fueron de 1.149 en 24 horas, a tener que alargar sus jornadas. En Atención Primaria están trabajando hasta las 21 horas cuando su jornada termina a las 17 horas, y están trabajando sábados y domingos, en Urgencias han habilitado una zona para los migrantes en la que ha estado una enfermera atendiendo un volumen de entre 14-16 pacientes. Esta situación representa un déjà vu para el colectivo, ya que cada verano la bolsa de trabajo se agota debido a una pésima gestión de los contratos estivales por parte del INGESA, lo que provoca que los enfermeros emigren a otros servicios de salud que ofrecen mayor estabilidad. Esta falta de previsión y el hecho de trabajar permanentemente con plantillas ajustadas debilita de forma crítica la seguridad del paciente, ya que la fatiga extrema y el estrés prolongado multiplican los errores humanos que pueden derivar en fallos de dosificación de fármacos o en traspasos de turnos caóticos donde se pierde información vital del paciente”, sigue la presidenta de las enfermeras de Ceuta.

Racionamiento y miedo en las calles

Las enfermeras de Ceuta exigen la vuelta a la normalidad de su ciudad, que ya hace frente a pérdidas incalculables y que se encuentra sumida en el miedo, y aseguran sentirse abandonadas por parte de las administraciones.

“Los ceutíes quieren poder disfrutar de nuestra playa, salir sin miedo a la calle o ir a comprar sin colas de racionamiento o falta de productos de primera necesidad. Se está planteando retrasar incluso el comienzo de los colegios porque en la actualidad se encuentran asaltados. Por otro lado, la situación de los migrantes no es la que corresponde a un país desarrollado. Están hacinados y sin servicios de higiene mínimos. Incluso en uno de los colegios de la ciudad se ha puesto en marcha un programa de realojo de mujeres y niñas que se encuentran en la calle”, puntualiza.

Así, la petición de las enfermeras de Ceuta es clara: declarar el estado de alarma. “Hemos sufrido una invasión y una vulneración de la integridad territorial, confirmado por el mismo presidente del Gobierno y podemos volver a sufrirlo en cualquier momento porque nuestra frontera sigue siendo muy vulnerable. Esta demanda se sustenta en el Artículo 4 de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, ya que se cumplen los supuestos de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias, paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Esta es la situación real a la que se enfrentan las enfermeras y toda la población ceutí. Queremos que nuestra ciudad recupere la normalidad, no podemos convivir en esta situación ni un minuto más”, concluye la presidenta de las enfermeras de Ceuta.

La atención hospitalaria en Ceuta ha descendido en torno a 300-400 asistencias al día y en Atención Primaria alrededor de 70-100 al día, pero estas profesionales aseguran que las asistencias en los asentamientos siguen siendo muy elevadas y la escasez de enfermeras hace que las ONGs estén pidiendo voluntarios urgentemente, ya que están haciendo frente a cerca de 200 asistencias diarias.

Los nuevos miembros del Pleno y de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería (CGE) -dos de los órganos de representación fundamentales en esta institución- han tomado hoy posesión de sus cargos en la sede del organismo que representa a las 358.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país.