La carencia de personal de las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios ha influido en la elevada mortalidad y los estragos que ha causado el coronavirus, una situación dramática cuya solución no puede pasar por reemplazar a las enfermeras generalistas y especialistas en Geriatría por unos técnicos con una formación no universitaria. Esa es la propuesta que ha hecho pública la Federación Empresarial de la Dependencia, organización patronal nacional que agrupa a todo el sector empresarial de atención a la Dependencia, a través de su presidente, Ignacio Fernández Cid, que intervino ayer en la Asamblea de Madrid para explicar su punto de vista sobre la situación de las residencias de mayores.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y su equipo se ha reunido esta tarde con la vicepresidenta y el vicesecretario del Consejo General de Enfermería de España, Pilar Fernández y José Luis Cobos, respectivamente. El objetivo de este encuentro era abordar los actuales desafíos de nuestro sistema sanitario. Un sistema no sólo abocado a afrontar la actual situación de pandemia por COVID-19, sino marcado también a un futuro a medio plazo por la creciente necesidad de cuidados enfermeros en la población española, cada vez más envejecida y aquejada de patologías crónicas.

El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Fundación Mujeres por África (FMxA) han firmado un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en diversos acuerdos de ámbito sanitario, acción social y voluntariado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población africana y de los profesionales sanitarios que allí desempeñan su actividad.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha trasladado a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid la necesidad de adoptar iniciativas parlamentarias que puedan reforzar y mejorar la Atención Primaria, como servicio público y gratuito para todos los ciudadanos, en lugar de posibilitar la implantación de prácticas con fines empresariales privados, como es la mal llamada ‘farmacia comunitaria’, que van en detrimento del normal funcionamiento de nuestro sistema sanitario y de la seguridad de los pacientes.