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El impacto de la crisis del COVID-19 sobre los mayores es muy evidente. “Ahora, en la desescalada y de cara a la ‘nueva normalidad’, debemos prestar especial atención a esta población y poner todas las medidas posibles en residencias y centros sociosanitarios para evitar entre todos que el COVID-19 se cebe de nuevo con la población más vulnerable”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE).

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y el Consejo General de Enfermería (CGE) han celebrado esta mañana un encuentro virtual para intercambiar experiencias y analizar la situación que están viviendo pacientes y enfermeras como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes que los contagios y fallecimientos por COVID-19 en los profesionales sanitarios de centros sanitarios o sociosanitarios serán considerados como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, independientemente de la fase de la pandemia en la que se haya contraído la enfermedad.

Casi 10 millones de estudiantes vieron paralizadas el pasado mes de marzo sus clases por la crisis del coronavirus. Con un objetivo común, frenar la pandemia, las autonomías y el Gobierno ordenaron la suspensión de la actividad educativa sin una fecha clara de regreso. Ahora, con el avance de la desescalada diseñada por el Ejecutivo, también se ha anunciado que el curso comenzará, si todo sale según lo previsto, el próximo mes de septiembre. Durante la fase 2, algunos estudiantes de los cursos superiores ya han podido volver a las aulas de manera presencial con estrictas medidas de seguridad. Con una fecha aproximada ya en el calendario, la comunidad educativa debe comenzar su preparación para garantizar la máxima seguridad no solo a los estudiantes sino también a los profesores, familiares y demás trabajadores de los centros.

Mañana muchas regiones de nuestro país estrenan nueva fase de desescalada. Esto significa que gran parte de la población española podrá hacer actividades que no han estado permitidas durante casi tres meses. Madrid, Barcelona y Castilla y León estrenan la fase 1, lo que significa que por primera vez se podrán reunir grupos de hasta 10 personas, la apertura de locales de ocio, así como la posibilidad de que los ciudadanos puedan realizar desplazamientos dentro de la provincia. Además, otras diez Comunidades Autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares (Ibiza, Menorca y Mallorca), Cantabria, Castilla-La Mancha (Cuenca y Guadalajara), Extremadura, Galicia, Canarias, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja, además de Ceuta y Melilla y en Cataluña, las zonas sanitarias de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Alt Pirineu entrarán en la fase 2, esta nueva situación abre la posibilidad de que existan reuniones sociales de mayor número así como la eliminación de los horarios para los paseos o actividades deportivas para todas las personas menores de 70 años.

Con la vuelta, poco a poco, a una normalidad con mayor grado de movilidad e interacción entre las personas, surgen nuevas recomendaciones y normas para la población. Un cambio importante –en una sociedad occidental poco familiarizada con su uso- afecta a las mascarillas.

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha exigido por carta al ministro de Sanidad la inmediata modificación del Documento técnico de prevención y control de la infección por COVID-19 porque el actual redactado atenta de lleno contra la seguridad de los profesionales sanitarios. Así lo documentan y demuestran en un manifiesto elaborado por el propio CGE con el apoyo de sociedades científicas enfermeras, incluyendo a la Asociación de Enfermería del Trabajo (AET), la Asociación Española de Enfermería de Prevención y Control de Infecciones (AEEPyCI), entre otras, entidades que asesoraron al Ministerio en la elaboración de dicho documento oficial.

La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) ya ha establecido las condiciones y el procedimiento para acceder al fondo de 37 millones de euros con el cual se cubrirá el fallecimiento por causa directa del COVID-19 así como un subsidio para aquellos que resulten hospitalizados. Los detalles de esta protección, que es gratuita para los 307.000 enfermeros colegiados de España y para el resto del personal sanitario, se encuentran publicados en la página web de UNESPA: www.unespa.es.

El Consejo General de Enfermería (CGE), el Sindicato de Enfermería SATSE, la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, Sociedades Científicas Enfermeras y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería han reclamado conjuntamente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como al presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, Patxi López, y a los portavoces de los distintos partidos políticos, que representantes del colectivo enfermero puedan intervenir como comparecientes en esta comisión y trasladar sus propuestas para mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y sociosanitario.

Tras el reparto de 5.000 monos EPI por toda la geografía española hace dos semanas, el Consejo General de Enfermería ha comenzado a distribuir entre todos los Colegios Provinciales de Enfermería el pedido de mascarillas FFP2 que encargó a China y que ya podrán utilizar todos los profesionales sanitarios. Se trata de un envío de 200.000 mascarillas que servirán para proteger a los profesionales de hospitales, centros de salud y sociosanitarios de todo el país. “Nuestro principal objetivo es salvaguardar la seguridad de los profesionales y hasta que no hemos constatado que estas mascarillas cumplen con las especificaciones técnicas oportunas, no hemos procedido a su distribución”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Las enfermeras y enfermeros son profesionales competentes y capacitados para llevar a cabo todo el proceso necesario para la realización de la prueba de detección de SAR-CoV-2 (COVID-19) a los pacientes: desde el triaje previo de los pacientes a la indicación de la prueba y su posterior realización. Esta es la principal conclusión de la carta enviada por el presidente del Consejo General de Enfermería de España al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para solicitarle que incluya a las enfermeras entre los profesionales prescriptores de estas pruebas para “garantizar la mejor atención a la población, así como el control de esta pandemia”.

La falta de medidas de protección -mascarillas, EPIs o guantes- ha sido un grave problema durante la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, que se ha traducido en contagios masivos entre los profesionales sanitarios, estimado en una cifra varias veces superior de la que confirma el Ministerio de Sanidad. Las mascarillas representan un elemento fundamental de barrera ante el virus y, sin embargo, ha habido dudas sobre si los profesionales estaban usando las más adecuadas a su nivel de exposición, además de los lotes fraudulentos que se han interceptado.