Los cambios son de tipo formal, no de contenido, y se derivan de la decisión del citado tribunal tras la denuncia que realizó la empresa de conservación de células del cordón umbilical, Vidacord. Aunque la normativa regula muchos aspectos relacionados con los materiales biológicos, la polémica sobre esta reelaboración de la normativa se ha centrado en los bancos privados de conservación de células del cordón. La compañía cuenta con un banco de almacenamiento en territorio nacional, cuyas muestra deben estar a disposición de todo aquel que pueda necesitarlas. Para evitar este extremo, la mayor parte de las empresas dedicadas a este negocio guardan sus células en depósitos ubicados en países como Bélgica, Reino Unido o Estados Unidos para garantizar así que sólo el dueño de la sangre se beneficiará de las hipotéticas propiedades terapéuticas de esas células. 

El Ejecutivo ha agilizado la aprobación del nuevo Real Decreto-Ley para que no se produjera un vacío legal en este campo. La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó las virtudes que nos han hecho ser líderes en materia de trasplantes, “un modelo basado en la voluntariedad, anonimato, altruismo y solidaridad que también rige en estos casos”.

Por su parte, el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha celebrado que el Gobierno haya actuado con "tanta urgencia y celeridad" en regular de nuevo el almacenamiento de tejidos y células madre, entre ellas las presentes en la sangre de cordón umbilical, para así evitar que haya "un mínimo vacío legal" tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del Real Decreto que lo regulaba hasta ahora.

Recurso
La empresa Vidacord ya ha ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el nuevo Real Decreto-Ley al mantener la disponibilidad universal obligatoria para todas aquellas muestras que se guarden en España. El presidente y fundador del VidaCord, Ángel Álvarez, ha explicado a Europa Press que esta situación no se da con ningún otro órgano o tejido, y cree que "no se le puede quitar a un niño la sangre al nacer porque alguien la necesita", algo que a su juicio "es más propio de países como China o Cuba que de un país con un Estado de derecho como España".

"El fin no justifica los medios, y lo articularemos jurídicamente para recurrirlo ante el Constitucional", ha aseverado Álvarez, que avisa que si no se acepta el recurso o el fallo no es favorable llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Además recuerda que cuando unos padres recurren a su empresa no lo hacen pensando en una donación. "Una donación lleva implícito un acto solidario, de libertad y consciente, y lo que hacen al venir a VidaCord no son donaciones", ha explicado.

Y por otro lado, considera "paradójico" que se introduzca esta obligatoriedad con estas células y luego se haga el "paripé" de preguntar a los familiares de un fallecido si quieren donar los órganos "cuando así también se va a salvar a otra persona".

Redacción/Europa Press