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Los Colegios de Enfermería andaluces reclamarán a la Junta por los perjuicios causados por la normativa de colegiación

Desde que la Junta de Andalucía permitió por ley la exención de colegiación para aquellos profesionales que trabajaban en exclusiva para el sector público, tanto los colegios provinciales de Enfermería como el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) han defendido siempre la inconstitucionalidad de dicha norma y lo que puede suponer esto para la seguridad de los pacientes. ¿Quién les dice que la enfermera que los atiende tiene un título válido? ¿Cómo sabe el paciente que el sanitario cumple todos los requisitos para ejercer la profesión y que su vida no está en peligro?

El Tribunal Constitucional anuló y dejó sin efecto en 2013 mediante dos sentencias esas exenciones, que estaban posibilitando la no colegiación de los profesionales que trabajaban en el Sistema Sanitario Público Andaluz. Pero a pesar de las sentencias y del reconocimiento por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de la inconstitucionalidad de su norma y pese a la obligación de acatar las sentencias del Alto Tribunal, lo cierto es que las mismas aún siguen sin ser ejecutadas.

Antecedente

Ya denunció el Consejo Andaluz de Enfermería, hace justo un año, cómo una enfermera estuvo trabajando casi 20 años en un hospital de Marbella sin tener el título que es imprescindible para poder ejercer. Hecho que salió a la luz cuando tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, que obliga tanto a médicos como a enfermeros a estar colegiados, dicha mujer acudió al Colegio de Enfermería de Málaga a colegiarse.

Ante el inmovilismo de la Junta, el CAE ha interpuesto, a través  de los Colegios Provinciales, una reclamación a la Administración Pública Autonómica por los daños y perjuicios que les ha ocasionado la normativa andaluza en materia de colegiación.

Además, durante el pleno del CAE se analizó si la reclamación por el impago de cuotas, ante la nulidad de la norma andaluza, habría que realizarla a los profesionales o directamente a la Junta y, tras estudiarlo, los presidentes de los colegios coincidieron en que los profesionales no son los culpables de que haya existido una ley inconstitucional, sino que es responsabilidad de la Administración que la aprobó, y es a ella a quien hay que reclamarle que se restituyan los daños y perjuicios causados. “Se trata de una responsabilidad patrimonial que corresponde únicamente a la Junta de Andalucía y a su Consejería de Salud, que continúan sin respetar el dictamen de nulidad de la normativa de colegiación andaluza que emitió el Constitucional, acarreando con esta sinrazón graves efectos económicos para el conjunto de nuestra Comunidad”, indica Florentino Pérez, presidente del CAE.

 

Redacción

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