Según ha explicado Soledad Becerril, el informe analiza los problemas comunes al conjunto de los servicios de urgencias, sin detallar la situación de ninguno de ellos, puesto que “son las grandes cuestiones, en las que hay un alto nivel de coincidencia, las que resultan más determinantes para la atención que reciben los pacientes”. Para ello han contado con la participación de pacientes, profesionales sanitarios y gestores administrativos de los 17 servicios autonómicos de salud y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla. Todos ellos debatieron un documento común de 124 cuestiones basado en las quejas recibidas y las visitas realizadas por los defensores.
Condiciones laborales
Tal y como establece el exhaustivo informe “la gestión de las urgencias es la gestión del tiempo”, pero en esa gestión no se tienen en cuenta los requerimientos específicos de la atención urgente ni a los profesionales que trabajan en ella. Además, “la presencia y suficiencia de profesionales adecuados debería estar garantizada en todas las franjas horarias”, algo que actualmente no sucede “especialmente en los horarios de tarde y noche”. Personal que debería estar adecuadamente formado y preparado para trabajar en un ámbito tan específico. Es por ello que abiertamente reclaman la conveniencia de la “definición de una especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencias que forme específicamente a estos profesionales y delimite el alcance de sus competencias clínicas”. Pues en la actualidad, los médicos residentes “asumen un grado excesivo de responsabilidad en la actividad asistencial”.
Para Juan Carlos Gómez, asesor del Consejo General de Enfermería y miembro de la comisión nacional de la especialidad de Enfermería en Cuidados Médico-Quirúrgicos, “independientemente del nombre que reciba la especialidad, ningún paciente debería ser atendido por un profesional que no esté altamente cualificado”. Tal y como nos recuerda, la enfermería de urgencias no existe como tal actualmente, estaría incluida dentro de médico-quirúrgica que es la reconocida en el Real Decreto de Especialidades de Enfermería de 2005, una especialidad que todavía tiene sin aprobar su plan formativo. Pero, a su juicio, “lo que está claro es que en el servicio de urgencias deberían trabajar especialistas”. Para Gómez también resulta evidente que estos profesionales no deben atender pacientes que ya tienen ingreso, pero que pueden llegar a permanecer días en urgencias a la espera de cama. “La hospitalización en urgencias no es buena porque -añade - ni la estructura ni el personal están preparados para el paciente hospitalizado”.
Algo que el propio informe de los defensores del pueblo reconoce abiertamente que se produce por la repetición de las situaciones de saturación. Tanto es así, que en las urgencias hospitalarias “se han establecido dependencias en las que permanecen los pacientes en espera de hospitalización”. Saturación que no depende de los propios servicios sino de una optimización de la gestión de camas. Así, critican, por ejemplo, “el cierre de camas hospitalarias en época estival, incluso en aquellos lugares en los que se producen incrementos de la población”.
Para el experto del Consejo General de Enfermería “puede haber momentos puntuales de aumento de la demanda que debe asumir la urgencia, pero hay otras circunstancias que ya se conocen, como la epidemia de gripe que se produce todos los años o los movimientos de población en vacaciones, que no se tienen en cuenta, o al menos no de la forma adecuada en la gestión de recursos”.
Derivación sin visita médica
Un fallo de planificación que podría paliarse, según el informe del Defensor del Pueblo, con un uso generalizado de los métodos de triaje que realiza la enfermería. Incluso proponen implantar en determinados ámbitos “medidas que aliviaran la carga asistencial en estos servicios, mediante la derivación sin visita médica de pacientes con cuadros más leves”.
Para Juan Caros Gómez, la atención en urgencias también “debería incluirse como un indicador asistencial más, y no sólo las listas de espera”. Pues al primar todo lo relativo a las listas de esperar, según afirma el propio informe, se ocasionan “frecuentes desajustes entre la programación de la actividad especializada y las demandas de hospitalización provenientes de los servicios de urgencia”, propiciando que permanezcan en urgencias pacientes que ya cuentan con orden de ingreso.
Seguridad y dignidad del paciente
La estructura física y la saturación de servicios, junto con la “insuficiente cultura de respeto a la privacidad en el medio hospitalario no permiten, en muchos casos, garantizar la dignidad e intimidad de los pacientes”. A lo que se añade la atención a pacientes terminales en urgencias, calificada por el informe como “un fracaso del sistema”, pues “no resulta posible garantizar a tales pacientes una muerte digna y preservar el duelo de familiares y allegados.
El informe también detalla, como ya han hecho números estudios previos como el ENEAS, que las “urgencias son una de las áreas asistenciales donde mayor es el riesgo para la seguridad de los pacientes”, pues la sobrecarga “incrementa el error humano y el aumento de la morbimortalidad”. En urgencias también “se asume una significativa incidencia de efectos adversos”, que, sin embargo, ni se declaran ni constan en los informes al alta, porque el sistema actual de notificación es punitivo para el profesional, al contrario de lo que sucede en el marco europeo e internacional.
Colectivos vulnerables
El estudio señala que una buena coordinación entre servicios de urgencias y servicios extrahospitalarios es imprescindible para que los pacientes hagan un uso adecuado de las urgencias y para que los enfermos crónicos, las personas de edad avanzada y las personas en situación de exclusión social, reciban la atención debida.
Los defensores apuntan que en muchos lugares la continuidad asistencial de los inmigrantes en situación irregular no está garantizada. Así, recuerdan que “estos pacientes deben recibir asistencia médica, más allá del alta en los servicios de urgencias, hasta que se resuelva el problema de salud que dio lugar a la urgencia por enfermedad grave o accidente”.
Un informe con historia
Este no es el primer informe que el Defensor del Pueblo realiza sobre las urgencias en nuestro país. Ya en 1988, Álvaro Gil-Robles presentó una exhaustiva investigación sobre los servicios de urgencias de 17 hospitales públicos de toda España, y que generó un cambio radical en el antiguo Insalud, por las graves deficiencias que mostraba. Como recuerda Juan Carlos Gómez, “aquel informe propició el nacimiento del 061 y el Centro de Coordinación de Urgencias, tras la elaboración del Plan Director de Urgencias”. “Esperemos que el informe que acaban de presentar también suponga un revulsivo que termine de paliar los problemas estructurales que todavía padecen los servicios hospitalarios de urgencias”, concluye el experto del Consejo General de Enfermería.
GEMA ROMERO