Durante un desayuno informativo organizado por la Fundación Caminos, dependiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la secretaria general de los populares se definió como “una convencida de la utilidad de los colegios profesionales” asegurando que éstos deben servir “no sólo para defender los intereses de los propios colegiados, sino también para aportar a la sociedad todo su conocimiento y toda su experiencia”.
La presentación del anteproyecto se remonta a principios de 2013 y el anuncio de Cospedal llega después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciara en febrero que el anteproyecto de ley se había retrasado por tiempo indefinido.
El anteproyecto retirado por el Gobierno establecía como necesario, según el departamento encabezado por De Guindos, ”un nuevo marco que aclare, simplifique y sistematice la regulación de los servicios profesionales, estableciendo el mapa de obligaciones de colegiación y simplificando las reservas de actividad existentes”, con el objetivo de “mejorar la competitividad de nuestra economía y el funcionamiento del sector de los servicios profesionales”.
Aunque el anteproyecto limitaba las profesiones para las que se preveía la colegiación obligatoria, ésta se ratificaba en el caso de las profesiones sanitarias (enfermeros, médicos, fisioterapeutas, podólogos y dentistas), del ámbito judicial (como os abogados) y aquellas profesiones técnicas que exigen visados (como los arquitectos).
Ana Muñoz