Denunciado por los enfermeros
El Consejo General de Enfermería (CGE) ya alertó el pasado mes de febrero de los riesgos que la acción de estas personas entrañaba para la salud de las madres y los bebés, al incitar a las mujeres a prácticas que entran en conflicto con las medidas más básicas de salud pública. Según el informe llevado a cabo por el órgano de representación enfermero, las doulas a menudo recomiendan a la madre apartarse de su familia, evitar cualquier tipo de contacto con profesionales sanitarios y practicar rituales entre los que destaca la ingesta de la placenta, algo que, según han concluido diversos trabajos científicos, no tiene beneficios demostrables sobre la salud. Además, la actividad de las doulas no está reconocida en el Impuesto de Actividades Económicas y por eso se suele desarrollar en cauces de economía sumergida.
Por todo esto, el presidente del CGE, Máximo González Jurado, señaló que muchas de estas prácticas eran más propias de “sectas canibalistas y rituales sectarios” que de una sociedad avanzada como la española, y recalcó que “la profesión de matrona está regulada por directiva comunitaria y tiene competencias reservadas que las doulas no deben invadir. Es imprescindible que un profesional supervise el embarazo y detecte problemas que una doula jamás detectará, porque son personas sin la formación necesaria”.
Las doulas, deslegitimadas
El CGE presentó el informe sobre las peligrosas prácticas de las doulas ante la Fiscalía General del Estado y se abrió entonces una vía de comunicación directa entre ambos órganos para trabajar sobre el tema.
Además, el propio Gobierno que preside Mariano Rajoy, se pronunció sobre el asunto en el mes de abril en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario UPyD asegurando que “la atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto es una competencia de la especialidad de enfermería Gineco-obtétrica, que ya está regulada en el Real decreto 450/2005, de 22 de abril, por el que se crean y consolidan las especialidades de enfermería en el ámbito de las profesiones sanitarias del ordenamiento jurídico nacional”.
Ahora, las declaraciones de la Defensora del Pueblo deslegitimando a las doulas suponen un espaldarazo a los profesionales que venían reclamando la acción inmediata de las autoridades sanitarias en un tema que consideran de suma gravedad.
Ana Muñoz