Domínguez ha expresado la postura de su departamento de que es necesario “alcanzar un consenso y no llegar a un enfrentamiento entre dos colectivos que son fundamentales para el funcionamiento del sistema sanitario. El Real Decreto crea problemas donde no los hay. Realmente, en el día a día se ve que en la relación entre enfermeras y médicos no se dan este tipo de problemas que se están creando”, ha afirmado Domínguez.
Los representantes de la enfermería han abordado con el consejero cómo la Sanidad navarra está abocada a una huelga competencial, que ha provocado el propio Ejecutivo Central con su decreto, ya que desde el momento en que éste se publique en el BOE, ningún enfermero va a poder desarrollar ninguna actividad relacionada con fármacos –centenares de situaciones que se dan cada día en los centros pasarían a ser ilegales- si previamente no ha intervenido caso por caso el médico realizando un diagnóstico, una prescripción y un seguimiento. Todo ello, además de un enfrentamiento entre profesionales que trabajan “codo con codo” sin problemas, se va a traducir en una paralización del sistema sanitario.
El consejero navarro, cirujano de prestigio ahora en el mundo de la política y gran conocedor de la realidad asistencial, ha asegurado a Aznar y González Jurado que la intención del Gobierno que preside Uxue Barkos es no aplicar el Real Decreto y que actualmente estudian las fórmulas para no aplicarlo. “Hay que ver cómo se podría articular eso, pero si es necesario, se recurrirá ante el Tribunal Supremo”. Antes de esta medida, que será la que se decida como último extremo, se buscarán todas las formulas y medidas de diálogo y consenso que sean posibles para evitar su aplicación y, si no cabe ninguna otra posibilidad, estudiaría el recurso ante el Tribunal Supremo.
Ese es precisamente el camino que creen más idóneo los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera y por ello le han solicitado que lo recurra ante el Tribunal Supremo una vez sea publicado y que solicite la paralización del mismo, un compromiso que, según han explicado, ya han recabado de partidos políticos como el PSOE, Ciudadanos o el PNV, que se han comprometido a impugnarlo.
En este mismo sentido, el presidente de SATSE, Víctor Aznar, ha advertido de las consecuencias de esta nueva norma y ha señalado que “es la primera vez en la historia que se aprueba un decreto y está sin publicar, porque son conscientes del problema que han creado en la sanidad y el problema que se puede generar a los ciudadanos”.
“Quien haya redactado esta chapuza no se ha dado cuenta de la realidad”, han sostenido los responsables de ambas entidades, quienes consideran “razonable” que el Gobierno del PP “rectifique antes de publicar la norma en el BOE o que la suspenda el Tribunal Supremo”. “Casi con plena seguridad el Supremo la va a tumbar”, han apuntado.