En el caso de Cantabria, ha sido la propia consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien se lo ha transmitido por carta a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, y a la secretaria autonómica de SATSE Cantabria, María José Ruiz. En su misiva, la consejera justifica la decisión del Ejecutivo por la necesidad de garantizar la continuidad asistencial en la práctica enfermera y añade que dicho recurso se desarrollará sin perjuicio de otras posibles impugnaciones que pudieran proceder conforme a Derecho. Mientras que no se elaboren y validen los documentos que desarrollen la norma, ha explicado Real, los protocolos y guías que seguirán en vigor serán los actualmente vigentes.

Por su parte, el consejero de Salud y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, también ha expuesto sus razones para plantear el recurso a la norma, siendo la principal que plantea “problemas muy importantes de funcionamiento” en la organización del Servicio Extremeño de Salud (SES) y supone un “auténtico atropello” a la profesión enfermera, al “limitar el derecho que legalmente tienen de actuación en cierta medida autónoma los profesionales de enfermería de todos los servicios regionales de salud”. Además, ha añadido que la Administración extremeña no tiene “todos los mecanismos para que pueda llevarse a cabo la aplicación inmediata” de dicha medida “en los términos en los que dice”.

Ambos consejeros, Real y Vergeles, han coincidido en señalar que otra consecuencia negativa del decreto es que enfrenta a médicos y enfermeros, dos colectivos que tradicionalmente han dado lo mejor de sí en un ambiente de colaboración y trabajo en equipo.

Ana Muñoz