Al igual que otras consejerías, que ya han mostrado su rechazo al RD incluso, la consejera balear reconoce que les hubiera gustado debatir en un foro la preocupación que tienen, “necesitamos soluciones que no están ahora mismos en manos de las comunidades autónomas”, ha subrayado.

En el momento de su aprobación el Gobierno balear anunció las consecuencias directas que el RD tendría en los tres actores principales del sistema sanitario. Para los enfermeros, “ya que se les prohibirá realizar cientos de actividades cotidianas sin la autorización previa de un médico”. Para los médicos, “que verán aumentado considerablemente su volumen de trabajo por tener que autorizar productos necesarios en procesos asistenciales que, en ocasiones, ni controlan ni conocen por ser labor diaria del personal de enfermería”. Y también para los usuarios, “que notarán un empeoramiento en la atención”, pues recuerdan que, por ejemplo, para las vacunas o las curas primero deberán citarse con el médico y luego con la enfermera, “empeorando la calidad de la asistencia y el tiempo”. Circunstancias todas ellas que la consejera balear, Patricia Gómez, conoce a la perfección dada su condición de enfermera.

Informe demoledor

“Considero que es una norma inaplicable, un decreto inaplicable. De hecho, después de realizar un minucioso análisis el decreto no tiene por dónde cogerse”, ha comentado Gómez. “Nuestros servicios jurídicos de manera muy coordinada han elaborado un informe demoledor y ya hemos aprobado en Consejo de Gobierno de nuestra comunidad que la abogacía se ponga a trabajar para la impugnación del decreto en su totalidad, y no sólo en un artículo; porque realmente atenta contra la profesión y contra la autonomía profesional”, continúa.

Sin duda, una situación de inseguridad jurídica que debe solucionarse cuanto antes por el bien de todos. “Las comunidades autónomas podemos tratar de dar tranquilidad pero para mí la tranquilidad está en la impugnación del decreto y en su suspensión cautelar”, finaliza.

Alicia Almendros