Fue una actuación de oficio para un caso de la Universidad Complutense de Madrid lo que animó al Defensor del Pueblo a profundizar en el asunto, y hoy las conclusiones son preocupantes. Asegura el Defensor que esos servicios suponen “una inversión considerable en recursos económicos, materiales y humanos” a las universidades, y sin embargo no están recibiendo apoyo de las administraciones para sufragarlos. Y es que las universidades afirman, de manera prácticamente unánime, que la atención específica y personalizada que requieren sus alumnos discapacitados acaba recayendo en hombros de personal voluntario y becarios.

La institución pone de relieve cómo, en una época especialmente complicada para la economía de las universidades, son ellas "las que asumen no sólo los costes que se derivan de los servicios y apoyos específicos para el alumnado con gran discapacidad, sino también los importes que dejan de percibir por la aplicación de la exención del pago de las matrículas de los estudiantes con discapacidad, dado que ningún organismo estatal o autonómico las compensa económicamente por las cuantías que no perciben, como consecuencia de la aplicación de esta exención".

Circunstancias, todas ellas, que tienen consecuencias directas sobre la financiación de las universidades y "sobre la atención que estas dispensan y los medios de los que disponen para garantizar la igualdad de oportunidades a quienes padecen cualquier tipo de discapacidad, que les hace merecedores de los beneficios que la legislación vigente les reconoce", concluye el Defensor del Pueblo.

Ana Muñoz