Por delante dos horas de debate con representantes del Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y PNV, después de que Podemos declinara su participación. Y para comenzar las peticiones de los integrantes de la Mesa –Consejo General de Enfermería y sindicato Satse centradas en dos ámbitos: el desarrollo profesional enfermería y los entornos laborales seguros, con dos peticiones muy claras, resolver el agravio legislativo que sufre la profesión, con el incumplimiento que se está produciendo de la directiva de cualificaciones profesionales que España todavía no ha traspuesto, y por otro lado encauzar el sistema sanitario para dar respuesta a las necesidades de cuidados de los ciudadanos.

Propuesta de ley

Tras un rápido repaso a la regulación e historia de la profesión, Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, realizaba una petición muy clara: “tener un destino como profesión para poder ofrecer lo mejor al sistema sanitario y a los ciudadanos”. Algo que sólo será posible, a su juicio, con diálogo y consenso, para lograr una adecuada trasposición de la directiva de cualificaciones profesionales que nuestro país está incumpliendo, pues debía haberse traspuesto en enero de 2016.

Una directiva que reconoce el diagnóstico enfermero autónomo y que exige, a juicio de la Mesa, de una ley para su adaptación a la legislación española. De hecho, como ya anunciara hace unos días el consejo General de Enfermería que él preside presentará en breve una denuncia ante la Comisión Europea contra el reino de España por este incumplimiento.

En su intervención, González Jurado, reiteraba que esta nueva directiva exige la modificación de dos leyes importantes de nuestro sistema sanitario, como son la Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias y de la Ley del Medicamento. Modificaciones que necesariamente han de realizarse por ley, “tanto para incluir el diagnóstico enfermero autónomo en el artículo 7 de la LOPS, como para adaptar las clasificaciones profesionales a la nueva realidad universitaria tras el plan Bolonia”.

Por ello, “pedimos a todos los partidos un acuerdo político para modificar estas leyes con una única ley que traspongan la directiva, dando respuesta a los múltiples problemas que tenemos como profesión, incluyendo la denominada gestión clínica.”. “Pedimos –añadía- que esta iniciativa la tengan los grupos parlamentarios. Nosotros ya tenemos una propuesta de ley, les pedimos que la estudien y que resuelvan el agravio permanente a la profesión”.

Aún así, en caso “de no encontrar la sensibilidad necesaria en los partidos para elaborar esta ley, lo haríamos nosotros por iniciativa legislativa popular”, finalizaba González Jurado.

Necesidades de cuidados

Victor Aznar, presidente del sindicato Satse, era el encargado de presentar las peticiones de la profesión en materia de entornos laborales. En este sentido, y con una primera reflexión destinada a poner de manifiesto el desgaste de la profesión con motivo de los recortes sanitarios, el paro, la emigración o la formación de especialistas sin plaza, Aznar quiso trasladar la preocupación de la Mesa “por las crecientes demandas desiguales de los ciudadanos. Cada vez hay más pacientes, las poblaciones crecen y envejecen, las enfermedades se cronifican y la sociedad demanda unos cuidados y vivir y morir con calidad. Sin embargo, parece que la sociedad va por un lado y el sistema sanitario por otro. De ahí que las necesidades de cuidados no resueltas se trasladan a las familias”.

Para la Mesa de la Profesión Enfermera las desigualdades y discriminaciones presentes en el sistema, en función exclusivamente de la categoría profesional, para las que no hay argumentos, “es una estafa a la profesión y a la sociedad, pues se les priva de resolver sus necesidades de cuidados”.

Así, analizaba “el agravio comparativo extendido en el sistema de las enfermeras en función de su titulación académica”. Situaciones a su juicio intolerables entre las que destacaba la diferente protección durante el embarazo de médicos y enfermeras, la exención de guardias a partir de los 55 años, la aplicación diferente de la ley de incompatibilidades para trabajar en la sanidad pública o privada, las retribuciones por guardia, o “el impacto desigual de la crisis según la categoría profesional”.

El presidente de Satse recordaba así las diferencias de ratios de médicos y enfermeros en la Unión Europea, pues nuestro país “no se invierte en más enfermería, por lo que no se siguen los estándares que marca la Unión Europea”, ni se atienden las necesidades de la población.

De ahí la petición de “encauzar el sistema a las necesidades de ciudadanos”. Un deber, a su juicio, de todos los partidos, “estén en el gobierno o en la oposición”, concluía.

Gema Romero