Notas de Prensa

Madrid ha acogido esta semana la Primera Conferencia Iberoamericana de Enfermería organizada por el Consejo General de Enfermería de España. Se trata de un foro internacional donde los presidentes de las enfermeras de los países iberoamericanos han analizado la situación actual y futura de la salud de la población y los retos a los que deberá enfrentarse la profesión, para adaptarse a las nuevas necesidades de los pacientes.

El equipo de Enfermería de los servicios de Urgencias del Hospital Universitario de La Paz ha presentado recientemente un escrito ante el Juzgado de Guardia denunciando los graves riesgos que supone la reducción de personal a la que está siendo sometido su servicio por parte de la Gerencia del centro. Dicha reducción está incumpliendo las ratios recomendadas por la Organización Colegial de Enfermería y sociedades científicas nacionales e internacionales y, en consecuencia, poniendo en serio peligro la seguridad tanto de los pacientes que ya están siendo atendidos como de los ciudadanos que puedan llegar a necesitar la asistencia a lo largo del verano..

Ante la sentencia dictada el pasado 5 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por la que se desestima un recurso contencioso administrativo presentado por este Consejo General contra el "Decreto Autonómico número 52/2011, de 20 de mayo, por el que se regula la actuación del personal de enfermería en el ámbito de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público", el Consejo General de Enfermería, en su calidad de órgano regulador de la profesión enfermera en España, quiere trasladar a los medios de comunicación y a la sociedad las siguientes apreciaciones.

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una sentencia del Tribunal Constitucional donde declara la inconstitucional y la nulidad de la "Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 2/2002, de 17 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas de materia de organización administrativa, de gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador". El Alto Tribunal viene a fallar a favor del Gobierno Central y en contra del Gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias que decidieron, al igual que Andalucía, Extremadura y Asturias, desmarcarse del resto de España y quiso establecer la libre colegiación de los profesionales que trabajaban para la administración pública tratando de argumentar erróneamente -tal y como ha establecido el TC- que en dichos supuestos, la administración pública ya controlaba lo que eran y no eran buenas prácticas.