Ante esta situación, el despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo ha realizado un análisis exhaustivo del decreto, dirigido por el catedrático en Derecho Administrativo Juan Alfonso Santamaría, en el que se concluye que “este texto no se ajusta a la legalidad porque va contra la ley del medicamento aprobada en 2009, que modificaba el texto normativo de 2006. “Hemos visto que hay una enorme inseguridad en la propia legalidad del decreto porque tenemos grandes dudas sobre la manera con la que se ha aprobado. Introduce unos requisitos que no están en la ley”, puntualiza el coordinador del equipo de juristas, Carlos Vázquez.
Vázquez apunta que “desde el punto de vista jurídico provoca inseguridad a todos los niveles. Obliga al médico a hacer todo, a estar presente en todos los procesos de diagnóstico, seguimiento… Sobre el enfermero se cierne una enorme inseguridad personal y profesional.
Tiene que decidir entre actuar en contra de lo que dice el RD, lo que igual le acarrea responsabilidades incluso penales, y la propia atención al paciente tal y como venía haciendo hasta ahora. Pero para el sistema sanitario en sí también genera inseguridades, pues en lugar de cumplir la finalidad de la Ley, de dar cobertura a una serie de situaciones no reguladas, provocará descoordinación. Esta regulación impide que se aplique lo que la Ley establece. Es totalmente desaconsejable para él la aplicación del Real Decreto en los términos en los que está redactado. Se aconseja la impugnación del mismo. Hay un riesgo de responsabilidades de todos aquellos profesionales que intervienen en el proceso”.
Además, en cuanto a la modificación del decreto a última hora y sin previo aviso a las partes implicadas, desde Gómez-Acebo & Pombo explican que “si un decreto que ha obtenido el visto bueno del Consejo de Estado se modifica sustancialmente a la hora de aprobarse, debería volver a someterse a un nuevo proceso de análisis”. En este sentido, el dictamen considera que “aunque sólo es un párrafo lo que ha cambiado, en realidad es una modificación sustancial porque cambia todo el decreto”.
Ángel M. Gregoris