En concreto, la PNL de Apoyo a la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de la enfermería, solicita “paralizar o derogar el Real Decreto 954/2015”, medida que, a juicio de la Mesa andaluza de la Profesión sería positiva siempre que estuviera enfocada a su revisión por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que, bajo ningún concepto, se pretende por los representantes de la profesión enfermera que el RD se paralice indefinidamente, quedando en suspenso sin rumbo alguno.

En esta línea, la Mesa de la Profesión recuerda que en lo que se refiere a la derogación de este decreto, la Mesa no se propone su derogación completa, pues se retrocedería seis años en el camino andado de negociaciones y cesiones para regular la prescripción enfermera, que se han visto frustradas con los cambios de última hora del Gobierno del PP, ahora en funciones.

La intención de la Mesa de la Profesión es conseguir que se derogue el artículo 3.2. del mismo, pues es donde realmente reside el problema, dado que para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos que estén sujetos a prescripción médica, ahora es necesario que el médico realice un diagnóstico, una prescripción, la asignación de un protocolo y que, además, luego haga el seguimiento de ese paciente, limitando y reduciendo a la mínima expresión la prescripción enfermera.

Conflicto de competencias

En referencia al argumentario previo que acompaña a la iniciativa parlamentaria, se expone el requerimiento del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presentado ante el Ejecutivo central instando a la anulación de una serie de artículos del RD, por considerar conculcadas atribuciones de las comunidades autónomas en materia de formación continuada y acreditación, desde la Mesa de la Profesión se aclara que la prescripción es una nueva competencia de la enfermería y, por tanto, la Junta de Andalucía no puede considerar formación continua la preparación para la acreditación de una competencia que es legalmente nueva. De hecho, para los representantes de la Enfermería es un error reducir a un mero conflicto de competencias entre dos administraciones, la Central y la autonómica, una problemática que ya está afectando a la asistencia que se ofrece a los ciudadanos en la Sanidad Pública.

Los integrantes de la Mesa de la Profesión Enfermera rechazan también de plano la propuesta recogida en el punto cuatro de esta Proposición No de Ley, donde PSOE y Ciudadanos solicitan como “alternativa” al Real Decreto 954/2015, que sirva de base para el debate en el CI el Decreto 307/2009, de 21 de julio, por el que se define la actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Según los representantes de la Enfermería, la normativa andaluza se encuentra limitada por la propia Ley del Medicamento y, en concreto, por su artículo 79.1 que determina como únicos prescriptores a los profesionales de la medicina, la odontología y la podología, en el ámbito de sus competencias respectivas, motivo por el que entienden que se debería comenzar a dar pasos más allá para introducir modificaciones en esta norma estatal.

Por este motivo, la Mesa de la Profesión se opone tajantemente a la solución planteada por PSOE y Ciudadanos, pues no sería más que un parche para volver atrás y retroceder, de nuevo, en el trabajo ya realizado. Así, como principal objetivo de la Mesa Andaluza de la Profesión Enfermera es que se recupere el texto del RD original, el que está aprobado por todas las consejerías de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial y que había pasado todos los filtros democráticos antes de que, a última hora, y con nocturnidad, el Gobierno del PP lo modificara unilateralmente para cambiarlo por el que hoy ata de pies y manos a los profesionales de Enfermería.

Por todo ello, desde la Mesa de la Profesión Enfermera concluyen solicitando a los grupos políticos que conforman el Parlamento de Andalucía que declaren su respaldo firme al reconocimiento legal de la capacidad prescriptora en el ámbito de sus competencias de los profesionales de enfermería, instando al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación la modificación del artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015 y así conferir de forma regulada la capacidad prescriptora de la profesión de Enfermería con el fin de dar mejor respuesta a las necesidades de salud de los ciudadanos.

Maribel Ruiz / Antonio Carazo