Es por ello que, desde la profesión enfermera, queremos poner de manifiesto que dos Comunidades Autónomas, concretamente Galicia y Murcia, han decidido ir más allá de lo regulado por el Gobierno y están permitiendo que los farmacéuticos realicen dichos test en sus establecimientos comerciales y recojan datos del paciente y acrediten los resultados a la sanidad pública.
Cabe recordar que las farmacias son comercios con un flujo importante de clientes que acuden a comprar todo tipo de productos: medicamentos, cosmética, productos de belleza, etc.; y que la principal vía de contagio del COVID-19 es a través de los aerosoles. Los aerosoles son pequeñas gotas de saliva que los infectados expulsan por la boca o la nariz y quedan flotando horas en el ambiente. Por ello, la realización de test de antígenos a personas sospechosas de estar infectadas requiere una serie de circuitos y medidas de seguridad para garantizar la seguridad y la salud del resto de los clientes de las farmacias. Medidas que no cumplen todas las farmacias y cuyo incumplimiento, por tanto, supone poner en peligro la salud y la seguridad de habituales clientes vulnerables de las farmacias: ancianos, pacientes crónicos, inmunodeprimidos, familias con niños, etc.
Asimismo, en el caso concreto de Murcia, la consejera de Salud ha anunciado que va a ir aún más allá y va a habilitar que las farmacias reporten los casos positivos al Servicio Murciano de Salud (SMS), lo que podría suponer una vulneración de la privacidad de la historia clínica del paciente y todos los datos que esta contempla. Cabe recordar que los únicos profesionales sanitarios con autorización legal para recoger información y datos clínicos y acceder a la historia clínica de los pacientes en la sanidad pública son los médicos y los enfermeros, y por tanto habilitar a los farmacéuticos para dicho acceso sería ilegal, un riesgo claro para la seguridad jurídica de los datos de los pacientes y una privatización de un servicio público innecesaria.
Desde el Consejo General de Enfermería queremos mostrar nuestro respeto a la importante labor que realizan los farmacéuticos en todo lo relativo a la información sobre el medicamento y a la concienciación del paciente para que sea este quien comunique a su centro de salud un posible positivo, una vez realizado el test en su casa. Pero nuestro compromiso con la salud y la seguridad de los pacientes nos obliga actuar con total contundencia ante estas situaciones.
Finalmente, queremos solicitar al presidente del Gobierno y a la ministra de Sanidad que aprueben de forma urgente normas para la regulación del precio de los test de antígenos vendidos en farmacias o realizados en establecimientos sanitarios ante la situación de brutal especulación que se está llevando a cabo con fluctuación de precios, en ocasiones desorbitados, así como situaciones de reventa a precios abusivos en locales de ocio nocturno. La venta en farmacias de test de antígenos se ha aprobado en una norma para supuestamente descongestionar el sistema sanitario, una descongestión que no debería afectar a la accesibilidad de todos los ciudadanos a dichos test de antígenos con independencia de su capacidad económica; por ello, solicitamos al Gobierno que establezcan un precio máximo en los test o que, incluso, se faciliten de manera gratuita a la población en aquellos casos que sea preciso.