La Mesa advierte que, si bien la prioridad absoluta es garantizar la seguridad del paciente, no se puede olvidar que el incumplimiento de la norma a sabiendas, como es el caso, podría suponer un presunto delito de prevaricación en algo tan sensible como es la salud de las personas.
El firme rechazo de la Mesa de la Profesión Enfermera viene motivado tras el envío de una nota informativa por parte de la directora general de profesionales de la Salud de la Generalitat, Montserrat Gea, en la que expresa que la vacunación es en estos momentos el único método para paliar la pandemia y para ello pretende recurrir a personal no cualificado, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos y también la integridad de los profesionales.
La Mesa de la Profesión Enfermera recuerda también a las enfermeras y enfermeros de Cataluña que la administración de la vacuna COVID-19 es un acto profesional no delegable como así lo acredita numerosa jurisprudencia al respecto y también pide que no accedan a delegación alguna en personal no cualificado, puesto que podrían estar siendo cómplices de un presunto delito de intrusismo. Es necesario recordar también que esta medida no le excusa de la responsabilidad civil y profesional que el acto de vacunación conlleva, aunque lo haya realizado otro personal no cualificado
Durante los últimos siete meses, las enfermeras han demostrado que pueden y que deben gestionar ellas la mayor campaña de vacunación de la historia. Con casi 58 millones de dosis administradas y un 58,6% de la población con la pauta completa, la institución enfermera considera inadmisible que las administraciones públicas menosprecien de esta manera el trabajo realizado en este último año y medio de pandemia. La Mesa de la Profesión está estudiando todas las acciones de denuncia posibles para frenar esta tropelía y ataque sin precedentes hacia la profesión enfermera en Cataluña.
“Estamos en un momento crucial para lograr hacer frente al COVID-19 y no podemos permitir que desde ningún gobierno, en este caso el catalán, se desprecie de esta forma el trabajo realizado. De momento, tenemos constancia de que la norma no se ha puesto en marcha, pero no se debe imponer que personal no cualificado realice competencias para las que no están habilitados ni legal ni profesionalmente, sino centrarse en contratar a las enfermeras y enfermeros necesarios para llevar a cabo esta actividad asistencial. Tal y como se desprende de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la competencia de la vacunación corresponde a las enfermeras y así debe seguir siendo. Nuestros compañeros y compañeras realizan una labor encomiable en todo el proceso y deben seguir haciéndolo en la lucha contra el virus. Al fin y al cabo, tanto en los hospitales como en los centros de salud, somos un equipo multidisciplinar en el que cada eslabón es imprescindible para continuar adelante”, afirman desde la Mesa de la Profesión.
Desde la Mesa consideran totalmente incomprensible esta medida sin antes hacer un llamamiento a la contratación de enfermeras, tal y como debería ser. “España tiene muchísimos enfermeros y enfermeras formados y lo que debería hacer la Generalitat es contratar a aquellos que sean necesarios para ello. Además, hay que recordar que el acto de la vacunación no es sólo el mero hecho de administrar la vacuna al paciente, sino que también requiere de unos conocimientos exhaustivos tanto para la preparación como para la administración, así como la vigilancia, seguimiento y atención inmediata ante cualquier efecto adverso provocado por la vacuna. Las enfermeras son las encargadas de realizar el acto profesional preciso, tienen unos conocimientos exhaustivos de la anatomía humana para evitar cualquier tipo de problemas y asegurarse de una correcta administración. Sin duda, lo que se necesitan son más enfermeras en la campaña de vacunación. Por lo tanto, deben proceder a la contratación inmediata de las mismas como están haciendo en otras comunidades autónomas”, subrayan la Mesa de la Profesión.
Por otra parte, las enfermeras recuerdan que el seguro de responsabilidad civil en ningún caso cubriría responsabilidades que se deriven de las complicaciones o problemas ocasionados por este tipo de actuaciones, realizadas por profesionales que no están habilitados para ello.
Por último, desde ambas instituciones exigen la anulación inmediata de la instrucción, confiando que la misma haya sido fruto de atender más a cuestiones políticas y económicas que a proteger la seguridad del paciente y la calidad asistencial a la que está obligada Cataluña como garante de la salud de más de ocho millones de habitantes.