Como señala Diego Ayuso, secretario general del CGE y director del Observatorio de Agresiones de la entidad, “debe haber una mayor coordinación y transparencia en el acceso a los datos. Los servicios de salud registran las agresiones que se producen en sus regiones, pero sólo en el ámbito público. La Sanidad privada también debería notificar los incidentes que se producen en este ámbito, y trasladarlos tanto al Ministerio de Sanidad como a los colegios profesionales, a los colegios de enfermería, para que la información fluya mejor y tengamos un mayor conocimiento de la realidad y, por lo tanto, poder adoptar medidas que puedan ser más efectivas para su prevención”.

Y es como señala el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, “lo que no se registra no se conoce y, en consecuencia, no existe y no se puede luchar contra ello. Los datos nos vuelven a demostrar que hay una infra notificación de sucesos, especialmente de amenazas y violencia verbal, que al final quedan impunes. De ahí que el registro, la notificación y la denuncia ante todos los estamentos sean tan importantes: ante cualquier tipo de agresión no nos podemos quedar callados. Hay que tener tolerancia cero contra los agresores”.

Últimos datos

Según los últimos datos del Observatorio de Agresiones del CGE, correspondientes al año 2024, se han registrado un total de 25.25 agresiones a enfermeras, lo que supone una reducción de más del 10%, con respecto a 2023, cuando se registraron 2.840 incidentes. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registro un mayor número de estos sucesos, con 546, seguida de Baleares (380), Castilla y León (359), Aragón (290), y Navarra (230).  Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Ceuta (1), Melilla (1), Extremadura (14), Comunidad Valenciana (15) y Madrid (30).

Si comparamos los datos con los del año anterior, el mayor incremento se ha producido en Castilla y León (+127). También se observan incrementos en Aragón (+48), Extremadura (+32), Navarra (+31) y La Rioja (+28), “propiciados por un aumento de las denuncias por parte de las enfermeras y un mejor registro de los datos por parte de estos servicios de salud”, señala Diego Ayuso.

En el lado contrario sorprenden las bajadas tanto en Canarias como en Galicia, debido a que sólo han reportado las denuncias efectivas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no todos los incidentes que se han producido en dichas regiones.

Tal y como ha señalado Ayuso, “los datos del observatorio provienen de lo que nos notifican los colegios provinciales de Enfermería, así como de algunas instituciones que a nivel autonómico también nos los hacen llegar. Por ello es precio un registro más abierto y transparente”.

Causas

En cada uno de los casos registrados por el Observatorio de Agresiones del CGE se analiza el contexto en el que se han producido. Así, “observamos que la causa subyacente sigue siendo el no estar conforme con la atención recibida, con los problemas de accesibilidad, las altas demoras y la presión asistenciales en servicios como las urgencias o la Atención Primaria”, detalla el director del Observatorio. “Todo ello se traduce en insatisfacción por parte de los ciudadanos y en una muestra tan incívica como es la agresión a un profesional”, subraya Ayuso.

Como destaca Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, “las más de 350.000 enfermeras y enfermeros de España se enfrentan cada día a hacer su trabajo con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra nuestro país. De hecho, hacen falta casi cien mil enfermeras para equipararnos a nuestros vecinos europeos”. Para Pérez Raya, “las enfermeras no somos responsables de los males del sistema, de las demoras en la atención, de la falta de recursos, de no poder atender sus expectativas. De hecho, en muchas ocasiones somos quienes también sufrimos todos esos problemas de nuestro sistema sanitario”, ha añadido.

Consecuencias

Tampoco hay que olvidar el que hecho de que para el profesional que sufre una agresión ya sea verbal o física, “le supone mucha frustración, mucha preocupación, también le puede provocar una baja laboral y afectarle a nivel profesional en la forma desarrollar su actividad, pues muchas veces quien sufre una agresión piensa que ha hecho algo mal, cuando realmente es una situación que no tiene que ver con la actitud o con la profesionalidad de esa compañera, sino que el estrés y la ansiedad que padece un paciente o un familiar por no ver satisfechas sus expectativas por la deficiencias del sistema y no por la actuación concreta de un profesional”, ha subrayado Ayuso.

Por ello, para luchar contra esta lacra, desde el CGE colaboran activamente tanto con Policía Nacional y Guardia Civil como con el Ministerio de Sanidad y otros consejos generales, con jornadas conjuntas para analizar este problema de forma global. También cuenta con un curso gratuito, impartido por su centro de formación ISFOS, para dotar a las enfermeras españolas de medidas para prevenir este tipo de situaciones.

Como ha resaltado el presidente del CGE, en todo caso “queremos dejar muy claro a las enfermeras y enfermeros que no están solos, que ante cualquier agresión, amenaza, insulto o acoso van a encontrar todo el apoyo en sus colegios profesionales, en el Consejo General de Enfermería y, por supuesto, en la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros cuerpos autonómicos”, ha concluido Pérez Raya.