Andalucía fue pionera en cuanto a lo que prescripción se refiera ya que cuenta con un decreto desde el año 2009; “tenemos una experiencia que nos avala y seguiremos avanzando en la misma línea que hasta ahora”, ha resaltado la consejera. Y es que esta comunidad ha comenzado ha impulsar el desarrollo de Práctica Avanzada en Enfermería y las especialidades. “Estamos haciendo un esfuerzo importante en identificar aquellos puestos que deberían ser cubiertos por enfermeras especializadas porque estamos seguros de que así obtendremos mejores resultados en la prestación de servicios. Pretendemos favorecer la gestión compartida de las consultas externas tanto en hospitalización como en Atención Primaria”, ha expuesto Álvarez.
Más enfermeros
Álvarez ha recordado que se han creado 105 equipos asistenciales nuevos, que supondrán, antes de que finalice el año 2017, “la contratación de 105 especialistas de medicina familiar y comunitaria y 105 de enfermeras”. En los centros más sobrecargados, “se contratarán otras 105 enfermeras, 33 matronas, ocho pediatras y 30 trabajadores sociales, de modo que en total serán 386 nuevas contrataciones en Andalucía para Atención Primaria en el último trimestre de 2017. Somos conscientes de que es necesario aumentarlo más, pero de momento nos permite desdoblar los cupos más sobrecargados”. A lo largo de 2018 y 2019, “se añadirán más de 1.000 contrataciones”, ha detallado.
La consejera ha asegurado que “existe una infrafinanciación” de la sanidad pública, tanto a nivel general en el Sistema Nacional de Salud (SNS) como en las comunidades autónomas, por lo que ha insistido en la necesidad de que todas las comunidades tengan “una financiación más justa” en materia de salud para cumplir con las competencias que tienen transferidas. “Es importante mantener el Sistema Nacional de Salud, pero actualmente existe una infrafinanciación de la sanidad y necesitamos una financiación acorde”, ha añadido.
Además, ha recordado que la cobertura universal y equitativa “se ha roto con la excusa de la crisis” y que, a pesar de “múltiples recomendaciones” de organizaciones e instituciones, nacionales e internacionales, y el posicionamiento “en contra” de muchas comunidades autónomas, el Gobierno “priorizó el cumplimiento del objetivo de déficit”, a través de la contracción de los servicios públicos, entre ellos los sanitarios, con la aprobación del Real Decreto 16/2012, que tuvo “consecuencias lesivas”.
“En nuestro país hemos comprobado cómo las exclusiones de cobertura, la reducción del gasto sanitario, las medidas laborales impuestas, la congelación de las Ofertas Públicas de Empleo o las tasas de reposición no han tenido un impacto positivo en las cuentas públicas, pero sí han generado un impacto negativo muy importante entre las familias más vulnerables y en los profesionales la sanidad pública, lo que nos sitúa en un riesgo real de sostenibilidad”, ha explicado la consejera.
Alicia Almendros